Docentes, estudiantes y autoridades de la UNL y UTN recorrieron bulevar hasta el Rectorado para exigir la aplicación de la norma, en el marco de la movilización federal.
La cuarta marcha federal universitaria convocó este martes a una multitud en la ciudad de Santa Fe. La movilización partió desde las inmediaciones del Puente Colgante y avanzó por bulevar hasta el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se realizó un acto central con lectura de un documento unificado.
Banderas, cánticos y carteles acompañaron el recorrido en un clima pacífico pero con fuerte carga simbólica. La rectora de la UNL, Laura Tarabella; la vicerrectora, Liliana Dillon; y el decano de la UTN Santa Fe, Alejandro Tóffolo, encabezaron la columna portando una bandera con la consigna “En defensa de la educación y de la universidad pública”.
“Hoy hace exactamente 203 días de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario y de su no implementación”, señaló Tarabella ante los medios. La rectora remarcó que “invertir en educación, en la universidad pública, en ciencia y tecnología es invertir en el futuro del país”.
Consultada sobre los nuevos recortes anunciados por el Gobierno nacional, Tarabella consideró que forman parte de “una política de cuestionamiento a lo público” y pidió “seguir abiertos a los canales de conversación”. Además, alertó sobre la pérdida salarial: “Si en febrero eran 7 salarios perdidos desde diciembre de 2023, ahora superan los 10”.
Por su parte, Tóffolo destacó la unidad entre las universidades: “Hoy tenemos distintas miradas políticas, pero nos juntamos todos para defender la universidad pública como bien común”.
El documento unificado, leído frente al Rectorado, denuncia el deterioro salarial y la caída del poder adquisitivo, y advierte que “entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación acumuló un 293,3% mientras los salarios aumentaron un 147,3%, lo que implica una pérdida del 37,13%”. El texto también critica que el Ejecutivo “desoye” la ley sancionada por el Congreso y fallos judiciales, y pide a la Corte Suprema que “escuche el clamor de las plazas”.
Entre los asistentes, Camila, estudiante de Ciencias Jurídicas, dijo ser “primera generación universitaria” y sostuvo que “sin universidad pública no tendría posibilidades de estudiar”. Daniela Crowling, docente e investigadora del Conicet, calificó la situación como “muy lamentable” y pidió que el Gobierno “escuche un reclamo masivo y lógico”. Diego, trabajador de la Escuela Granja de Esperanza, reclamó que el presidente “entre en razón” y aplique la ley “ya votada cinco veces”.