El empresario Néstor Rozín respondió a la intimación de Vialidad Nacional y sostuvo que la obra sobre la colectora fue realizada por exigencia municipal, mientras el organismo nacional advierte sobre accesos irregulares a la autopista.
El conflicto entre Vialidad Nacional y el empresario Néstor Rozín, propietario del Hotel Sol de Funes, sumó un nuevo capítulo. Rozín acusó al organismo nacional de «desviar la atención» al referirse a accesos irregulares a la autopista Rosario-Córdoba y sostuvo que la intimación recibida se debió a los trabajos de reparación sobre la colectora, que según afirmó, son su responsabilidad por normativa municipal.
Según informó Rozín, la Municipalidad de Funes le exigió mediante la Ordenanza Nº 1.225/19 mantener operativa la colectora y ejecutar mejoras viales vinculadas al establecimiento. El empresario citó el artículo 4° de dicha ordenanza, que establece que el emprendimiento debe ejecutar las mejoras necesarias para ordenar el tránsito vehicular generado por el proyecto y el tránsito local existente.
La disputa comenzó cuando Rozín denunció públicamente que Vialidad Nacional le había enviado una carta documento para obligarlo a deshacer los trabajos de reparación realizados sobre la colectora, a la altura del kilómetro 307. Según su relato, llevaba más de un año reclamando obras ante organismos nacionales y concesionarias sin obtener respuestas, y decidió intervenir por cuenta propia ante el deterioro del acceso al hotel.
Vialidad Nacional respondió mediante un comunicado que el problema no era únicamente el bacheo, sino también la apertura de ingresos y egresos de vehículos considerados clandestinos y peligrosos para una autopista de circulación rápida. El organismo sostuvo que las conexiones realizadas frente al hotel fueron ejecutadas sin autorización técnica ni medidas de seguridad vial, y sin infraestructura necesaria como carriles de aceleración y desaceleración.
Rozín negó haber ejecutado esos accesos irregulares. «No los hicimos nosotros. Son huellas de vehículos de personas que entran o salen y según vimos en Google están por lo menos desde 2016», afirmó. Además, aseguró que sí existieron presentaciones formales para arreglar la colectora: «Presenté documentación formal con ingenieros y cálculos técnicos. El proyecto estaba previsto a unos 150 metros antes de una curva y aproximadamente a mil metros del hotel».
El empresario también cuestionó que la intimación se dirigiera directamente a él y no a la concesionaria del corredor vial. «El que lucra con la autopista es quien cobra el peaje. Vialidad tendría que exigirle al concesionario que haga las reparaciones», planteó. Asimismo, mencionó el artículo 13 de la misma ordenanza, que establece que será responsabilidad del emprendedor «estabilizar el acceso principal y secundario hasta la arteria pavimentada más próxima dentro del municipio».
Rozín señaló que los trabajos ocurrieron en agosto de 2025 y que el reclamo formal llegó nueve meses después. Recordó que cuando se realizó el bacheo, los trabajos estuvieron paralizados durante tres horas hasta que fueron habilitados «por el intendente, con anuencia del representante de Vialidad», quien sería el jefe del 7º distrito, Gastón Bruno, la misma persona que luego firmó la carta documento. El empresario especuló que la aparición de la carta documento podría tener relación con un siniestro vial reciente en el sector.
Rozín también mencionó la existencia de accesos similares en otros puntos de la autopista Rosario-Córdoba, como en Pérez, el Parque Industrial y Ciudad Industria. «Hoy mismo ya está llena de pozos. Ya no hace falta volver a la situación anterior porque está pasando de hecho», afirmó sobre el deterioro de la colectora.
Por último, relativizó las objeciones administrativas vinculadas a la documentación presentada fuera de término. «Ellos dicen que presentamos un papel dos días después del vencimiento. Si uno quiere hacer una obra privada, ¿es tan importante presentarlo 48 horas tarde? Tiene que haber voluntad para hacer cosas público-privadas», concluyó.