Desde enero ingresaron 155 pedidos por niñas, niños y adolescentes de los cuales más de diez siguen abiertos. De personas adultas se iniciaron 349 y unos 50 están aún en trámite. Dónde recurrir y por qué no hay que esperar.
La provincia de Santa Fe no cuenta actualmente con ningún Alerta Sofía vigente, según informó Milagros Rivadera, Directora provincial de Protección de Derechos Humanos, en diálogo con El Litoral. El sistema, creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación en 2019, se activa cuando existe sospecha de riesgo inminente para un niño, niña o adolescente.
Rivadera explicó que la Secretaría de Estado de Derechos Humanos, a cargo de Emilio Jatón, administra el Registro Provincial de Información de niños, niñas y adolescentes desaparecidos, en el marco de la ley 12.545. Para que se emita un Alerta Sofía, se requiere una denuncia formal, la petición de la autoridad judicial o fiscalía interviniente y la presunción de alto riesgo inminente, determinado por la fiscalía.
Desde el 1 de enero, ingresaron 155 denuncias de búsqueda de niños, niñas y adolescentes (NNyA), de las cuales 14 o 15 continúan abiertas. En el caso de personas adultas, se iniciaron 349 búsquedas, con 51 aún en trámite. La mayoría de los casos de NNyA se resuelve en 24 o 48 horas, a menudo asociados a consumo problemático o conflictos intrafamiliares.
Rivadera destacó que no es necesario esperar 24 horas para realizar una denuncia. Se puede hacer en cualquier centro de denuncias de la provincia o en la comisaría más cercana, y debe ser tomada por cualquier persona del círculo de confianza o convivencia del desaparecido, no necesariamente padres o tutores. La denuncia es remitida inmediatamente a la Fiscalía y a la Secretaría de Derechos Humanos.
En casos de NNyA, se da intervención al servicio local de Niñez para seguimiento. Para adultos, la Secretaría presentó un proyecto de modificación de la ley 12.545 para incluir su búsqueda, ya que la norma actual solo abarca a menores de 18 años. Rivadera recomendó compartir únicamente las búsquedas oficiales, autorizadas por un fiscal, y evitar difundir imágenes sin denuncia previa, para proteger datos sensibles.