Walter Alberto Rodríguez juró como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Santa Fe y Santiago Joaquín Saux hizo lo propio en el juzgado de Rafaela, en un acto ante la Cámara Federal de Rosario.
Desde este miércoles, tras prestar juramento ante la Cámara Federal de Rosario, Walter Alberto Rodríguez está al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Santa Fe y Santiago Joaquín Saux asumió en el Juzgado Federal de Rafaela.
Estas designaciones se suman a la asunción de Emilio Rosatti como nuevo integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe, ocurrida el pasado viernes 12. Con Rosatti, el TOF quedó integrado junto a José María Escobar Cello y Luciano Lauría.
Los pliegos de los tres magistrados formaron parte de los 74 aprobados por el Senado nacional el 4 de junio, en una sesión que incluyó intensas negociaciones políticas.
Con estos nombramientos, de los once juzgados federales distribuidos en la provincia, al menos seis cuentan con un titular a cargo. La cobertura de vacantes en dos juzgados federales estratégicos fue informada por El Litoral.
Las asunciones ocurren en un contexto en el que la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario debió reorganizar la cobertura de juzgados debido a vacantes preexistentes y a la suspensión de Gastón Salmain por parte del Consejo de la Magistratura, quien enfrenta un proceso de juicio político por presuntos hechos de corrupción. Salmain era titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario y ejercía subrogancias en Rafaela y Santa Fe.
Los integrantes de la Cámara Federal de Rosario, Silvina María Andalaf Casiello, Aníbal Pineda y Elida Isabel Vidal, redistribuyeron las subrogancias para garantizar la continuidad del servicio judicial. Para cubrir una vacante en la propia Cámara se propuso a Florentino Malaponte.
El déficit de jueces federales se arrastra desde hace años y se profundizó con la salida de magistrados involucrados en investigaciones por corrupción, como el ex juez federal Marcelo Bailaque. Esto obligó a otros magistrados a multiplicar funciones.
La problemática cobra relevancia en el marco de la implementación del sistema acusatorio federal, que requiere mayor intervención de jueces, fiscales y funcionarios en investigaciones sobre narcotráfico, crimen organizado y delitos complejos. El Consejo de la Magistratura avanza con concursos y designaciones para cubrir vacantes históricas.