El proyecto de ordenanza, presentado por el concejal Lucas Simoniello, busca establecer un marco normativo para la transformación digital del municipio, incluyendo la despapelización, el uso de firmas electrónicas y la adopción de inteligencia artificial con principios éticos.
Un proyecto de ordenanza ingresó al sistema de información de expedientes municipal con el objetivo de establecer un marco normativo para la digitalización de la administración pública de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa se alinea con el plan Territorio 5.0 impulsado por el Gobierno de la provincia de Santa Fe.
El proyecto, cuya autoría corresponde al concejal Lucas Simoniello (Interbloque «Unidos»), comprende los conceptos de gobierno y ciudadanía digital, gobernanza de datos, y la incorporación de tecnologías bajo criterios de eficiencia, transparencia y accesibilidad. Incluye la despapelización, el uso de expedientes y firmas electrónicas, la simplificación de trámites administrativos en una plataforma única, y el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial (IA).
El marco normativo se aplicaría al municipio, al Concejo, al Tribunal de Cuentas y a todos los organismos descentralizados que forman parte de la Administración Municipal.
Hacia un gobierno digital
Según el proyecto, dentro del concepto de gobierno digital se avanzará hacia un proceso gradual de «despapelización». El texto señala que «la Municipalidad propenderá, de manera progresiva, a que la totalidad de la actividad en el ejercicio de la función pública se desarrolle mediante herramientas y tecnologías digitales, quedando sustituido el papel como soporte ordinario de los expedientes y demás documentación administrativa».
De esta forma, el papel como soporte de los expedientes sería sustituido por el expediente digital, el cual «tendrá idéntica validez y eficacia jurídica». Todos los órganos alcanzados deberán utilizar una plataforma tecnológica común para su tramitación.
Plataforma Timbó
El proyecto sugiere facultar al Ejecutivo a adherir, mediante convenio con la Provincia, a la Plataforma de Gestión Digital «Timbó», para utilizar ese ecosistema digital en la tramitación de expedientes digitales, la firma electrónica, el domicilio digital y la atención virtual a la ciudadanía, entre otros. El convenio de adhesión deberá contemplar la interoperabilidad entre los sistemas municipales y provinciales, la capacitación del personal municipal y un cronograma de incorporación progresiva de las dependencias.
Se fomenta el empleo de la firma electrónica y la firma digital en las condiciones establecidas en la normativa nacional y provincial. «Todo documento firmado electrónica o digitalmente tendrá, en el ámbito municipal, idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en papel», sostiene el proyecto. Además, se establece el domicilio digital como medio de comunicación entre la Municipalidad y las personas humanas o jurídicas.
IA y prohibiciones
La iniciativa autoriza al Ejecutivo a la utilización, adopción y desarrollo de tecnologías basadas en IA, Internet de las Cosas (IoT) y demás tecnologías emergentes para «la mejora continua de la gestión pública, el monitoreo inteligente y el análisis predictivo de datos».
El proyecto establece principios éticos aplicables a la IA: «Todo desarrollo, adopción o uso de sistemas de IA por parte de la Municipalidad deberá observar los principios de transparencia, explicabilidad, supervisión humana, reserva de humanidad, revisión humana, no discriminación y mitigación de sesgos, conforme a los estándares reconocidos en la materia».
En cuanto a las prohibiciones, el texto indica que «en ningún caso el municipio implementará, adquirirá o contratará sistemas de IA destinados a prácticas de vigilancia masiva e indiscriminada de la población; ni mecanismos generalizados de calificación o puntuación social (‘social scoring’) de las personas». Tampoco podrá realizar identificación biométrica remota «en tiempo real» en espacios de acceso público, ni inferir características sensibles como origen étnico, opiniones políticas, orientación sexual, convicciones religiosas o estado de salud a partir de datos biométricos.
Respecto a la incorporación de dispositivos IoT en el espacio público municipal —para gestión de tránsito, alumbrado, recolección de residuos o monitoreo ambiental—, el proyecto señala que cada dispositivo deberá tener una finalidad específica, no pudiendo reutilizarse la información recolectada para fines distintos sin una nueva evaluación, y solo se recolectará la información necesaria para cumplir la finalidad declarada.
Fundamentos
En los fundamentos, Simoniello afirmó que la incorporación de tecnologías digitales en la gestión pública «constituye una herramienta estratégica para simplificar los procedimientos administrativos, agilizar la vinculación entre municipio y ciudadanía, y mejorar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios». Sostuvo que la experiencia comparada demuestra que estos procesos de modernización «sólo resultan sostenibles cuando se acompañan de un marco jurídico claro».
El concejal recordó que la Provincia puso en funcionamiento la Plataforma de Gestión Digital «Timbó» y consideró «pertinente que el municipio adhiera a dicha plataforma en lugar de afrontar el desarrollo o la adquisición de un sistema propio equivalente».
El proyecto reconoce estándares internacionales en materia de gobernanza de sistemas de IA en el sector público. «El Reglamento de IA de la Unión Europea consolidó un enfoque basado en el riesgo que prohíbe expresamente prácticas como la vigilancia masiva indiscriminada y la calificación social de las personas», expresó Simoniello, y agregó que también exige supervisión humana y evaluación de riesgos para los sistemas de mayor impacto sobre derechos fundamentales, principios que el proyecto recoge y adapta a la escala municipal.