El Ejecutivo nacional prepara una batería de proyectos para rediseñar el Poder Judicial, que incluye la creación de juzgados en el interior, la modificación del proceso de selección de ministros de la Corte Suprema y reformas a los códigos Civil y Penal.
El gobierno de Javier Milei avanza en una segunda etapa de cambios en el sistema judicial, según informaron fuentes oficiales. La agenda incluye la creación de nuevos juzgados en provincias, modificaciones al proceso de selección de los ministros de la Corte Suprema, la salida del máximo tribunal del Consejo de la Magistratura y reformas a los códigos Civil y Penal.
El tema fue tratado esta semana en una reunión entre el Presidente y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a su regreso de Perú. En el encuentro también se abordó la situación de las vacantes en la Corte Suprema, que actualmente funciona con tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
El año pasado, el Gobierno envió al Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes, pero ambos fueron rechazados. Desde entonces, no se habían presentado nuevas postulaciones. Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia en marzo de este año, se reactivó el análisis de posibles candidatos que puedan obtener el respaldo legislativo necesario.
El Gobierno ya modificó, mediante el Decreto 467/2026, el procedimiento de selección de candidatos al máximo tribunal establecido en 2003. Entre los cambios, se eliminó la instancia de participación ciudadana previa al envío de pliegos y se dejaron sin efecto recomendaciones sobre equilibrio de género, representación regional y especialización de los postulantes, con el argumento de agilizar el trámite.
En el marco de la reforma, el Ministerio de Justicia trabaja en la cobertura de vacantes judiciales. Según datos oficiales, al asumir Mahiques había 200 vacantes de jueces, 72 de defensores oficiales y 65 de fiscales. Hasta el momento, se enviaron más de un centenar de pliegos al Senado, y el objetivo es alcanzar cerca de 300 durante 2026. En los próximos días, se remitirá el pliego número 200.
El plan de reestructuración de la Justicia nacional contempla reducir la cantidad de cargos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y reforzar las jurisdicciones provinciales, especialmente en el norte y noreste del país, donde se registra una alta demanda en causas vinculadas a narcotráfico, crimen organizado, contrabando y delitos económicos. También se prevé reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py 2002 y de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.
En relación con el Consejo de la Magistratura, el Gobierno impulsa cambios en su ley para excluir a la Corte Suprema del organismo y reducir la cantidad de representantes de los distintos estamentos. El Consejo fue creado por la reforma constitucional de 1994, tuvo 20 integrantes en su ley original y fue modificado en 2006 a 13 miembros. En diciembre de 2021, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esa ley y ordenó volver a la integración de 20 miembros.
En materia de códigos, el Ministerio de Justicia trabaja en propuestas de actualización del Código Civil y Comercial y del Código Penal. En el ámbito penal, se busca modernizar figuras relacionadas con crimen organizado, delitos económicos, ciberdelitos y corrupción. En el Código Civil, los cambios apuntarían a simplificar procedimientos y adecuar normas a la política de desregulación impulsada por el Ejecutivo.
Fuentes de la Casa Rosada indicaron que la mayoría de estas iniciativas requieren mayorías legislativas que el oficialismo no posee, por lo que la estrategia consiste en avanzar primero con medidas que pueden implementarse mediante decretos o reglamentaciones administrativas, mientras se negocian consensos parlamentarios para los proyectos de mayor envergadura.