La Reserva Privada de Usos Múltiples de Victoria, Entre Ríos, recibió el sello ‘Raíz Nativa’ tras cumplir con estándares de trazabilidad, educación ambiental y participación comunitaria.
La Reserva Privada de Usos Múltiples de Victoria, Entre Ríos, obtuvo el sello “Raíz Nativa”, un reconocimiento otorgado a espacios protegidos que cumplen con criterios de preservación de biodiversidad, gestión transparente e integración comunitaria. El sello fue concedido tras un análisis del protocolo de trazabilidad implementado por la reserva.
El Área Natural Protegida “El Potrero de Victoria” fue creada por la Ley N.° 11.204 e incluye un jardín botánico y un solar de valor histórico. Está gestionada por la Fundación homónima y ofrece programas de educación ambiental aprobados por la autoridad educativa. Cada año, miles de estudiantes participan de sus actividades de forma gratuita, lo que contribuye al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 de las Naciones Unidas, referido a la educación de calidad.
El sitio cuenta con más de 300 especies y presenta un valor histórico vinculado a las estadías del general Justo José de Urquiza en 1854 y al diseño paisajístico de Charles Thays en 1895. La trayectoria del lugar fue un elemento distintivo para la obtención del sello.
El sistema de trazabilidad certificable se aplica tanto a las especies del vivero como a los servicios educativos, las audiencias públicas y la organización de eventos. Esta herramienta técnica permite medir y verificar las acciones de mitigación ambiental.
La reserva también cuenta con un programa de educación ambiental que articula visitas de instituciones educativas y proyectos de investigación científica sobre sucesión ecológica. Además, dispone de una medición de sumidero de carbono con sello IRAM y ofrece propuestas de gestión de huella de carbono y Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Entre otras acciones, presentó un proyecto regional de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y mantiene convenios institucionales.
La acreditación “Raíz Nativa” establece un estándar para las iniciativas de conservación público-privadas.