La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe tomó conocimiento formal de las «Reglas Papa Francisco», un conjunto de 18 directrices destinadas a garantizar un trato digno a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión dentro del sistema judicial.
La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (CSJSF) tomó conocimiento formal de las denominadas «Reglas Papa Francisco», un marco normativo elaborado entre 2024 y 2025 que establece directrices para el trato digno de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión en el ámbito judicial.
El documento fue analizado por el máximo tribunal provincial en el marco del acta acuerdo N.º 26, firmada por los ministros Rafael Gutiérrez, Jorge Baclini, Daniel Erbetta, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Rubén Weder y Margarita Zabalza. En el acta, la Corte expresó que dichas reglas «constituyen un marco para garantizar desde el ámbito del Poder Judicial el respeto integral de la dignidad humana de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social».
El pronunciamiento añade que «su objeto radica en el cuidado de la vida, la dignidad, la protección, la escucha, la empatía y la celeridad a partir de la atención a la situación individual de aquellas personas que se encuentran privadas del acceso real a sus derechos económicos, sociales, culturales y políticos». Además, los ministros señalaron que las reglas «tienen por fin la búsqueda de la eliminación de aquellos condicionamientos y barreras que pudieran obstaculizar el trato digno y respetuoso por parte de agentes y operadores que intervengan en el marco de un proceso judicial hacia aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad social, sin que ello implique interferir en las facultades jurisdiccionales».
El marco normativo fue elaborado a partir de un proceso de deliberación federal denominado «Diálogos por una justicia más humana», iniciado en 2024, en el que participaron jueces, funcionarios judiciales, referentes barriales y organizaciones eclesiásticas en diversas regiones del país. El objetivo central, según sus redactores, es evitar que el sistema judicial reproduzca la exclusión bajo formas legales o se convierta en una fuente adicional de sufrimiento.
Las 18 reglas están organizadas en parámetros que incluyen: dignidad y vida, interacción humana, celeridad y protección, contexto social, apoyo comunitario, medidas prácticas y salud. Entre las disposiciones se encuentra la exigencia de asegurar necesidades básicas como alimento y abrigo durante el contacto judicial, la promoción de empatía y escucha activa, la prontitud en trámites que involucren a personas excluidas, la adopción de medidas de protección urgente, y el abordaje del consumo de sustancias desde el acceso a la salud.
El documento define a la «persona excluida» como aquella privada de acceso real a sus derechos económicos, sociales y políticos, y se presenta como un «punto de partida abierto» para mitigar la indiferencia en el sistema judicial.