El plenario de comisiones retomó el debate del régimen de incentivos para grandes inversiones y centró la discusión en las contraprestaciones que el Estado podría ceder durante 30 años.
El Senado retomó este miércoles el tratamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), proyecto que busca atraer inversiones de al menos US$1.000 millones en actividades nuevas o poco desarrolladas en el país. La jornada se centró en los recursos que el Estado podría comprometer a cambio de beneficios extraordinarios durante las tres décadas de concesión previstas en la ley.
El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General convocó a especialistas y funcionarios provinciales para analizar el impacto de la iniciativa. A diferencia de la reunión anterior, en la que funcionarios del Gobierno defendieron el proyecto, esta vez los invitados pusieron el foco en las demandas de agua, energía y otros recursos que implicarían las inversiones, especialmente los centros de datos vinculados con inteligencia artificial.
Guido Sack, director de Economía de Fundar, señaló que el estudio de impacto previsto en el régimen se realiza al inicio del proyecto y no contempla controles periódicos. «El estudio de impacto es una foto que se saca en la puerta de entrada del régimen, que dura 30 años, es decir no hay nadie que mire después», afirmó. También cuestionó que el incumplimiento de compromisos ambientales o de cupo de proveedores locales no implique la pérdida automática de los beneficios y observó que la inversión en investigación y desarrollo que computa doble no está obligada a realizarse en territorio argentino.
Micaela Sánchez Malcolm, exsecretaria de Innovación Pública, sostuvo que los data centers requieren tierra, electricidad y agua, mientras que su demanda de empleo permanente es acotada. «La discusión no es una dicotomía entre sí o no», planteó, y consideró necesario planificar la disponibilidad de recursos y definir qué capacidades locales pueden quedar asociadas a esas inversiones.
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires, pidió modificaciones sustanciales antes de un dictamen. «Treinta años de estabilidad sin condiciones, ningún país ofrece un plazo comparable en sectores de cambio tecnológico acelerado», afirmó. También objetó el artículo 55, al señalar que impide al Estado exigir la compra de insumos nacionales.
Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet, se refirió al régimen de protección a los inversores y al arbitraje internacional. A su criterio, el Súper RIGI amplía derechos y garantías por más tiempo y a un universo de inversores más extenso que el contemplado por los tratados bilaterales tradicionales. Florencia Gómez, del CEPPAS, vinculó las objeciones ambientales con el Acuerdo de Escazú y reclamó mayor información y participación pública antes de autorizar proyectos cuyos impactos acumulativos todavía no pueden dimensionarse.
Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, se concentró en las cláusulas que garantizan la operación continua de los proyectos y en las controversias que eventualmente puedan resolverse fuera del país. «Imaginen un pueblo de la Patagonia en el año 2050 que tiene un problema de agua y hay un data center cerca», ejemplificó. Para Viale, el esquema puede reducir el margen de respuesta de provincias y municipios frente a futuras crisis hídricas o energéticas.
Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero de San Juan, replicó que los recursos naturales continúan bajo jurisdicción local y que cualquier emprendimiento debe atravesar las evaluaciones correspondientes. «El emprendimiento propone su actividad, evalúa los impactos y propone una gestión ambiental, y la autoridad es la que evalúa y aprueba o no», señaló. Moreno remarcó que San Juan posee autoridad exclusiva sobre el agua y que las actividades que ingresen al Súper RIGI seguirán sometidas a regulación y fiscalización provincial.
Los senadores que respaldan el proyecto rechazaron que la discusión quede limitada a los data centers. Bruno Olivera, de San Juan, puso como ejemplo la posibilidad de atraer una refinería de cobre y defendió los 30 años de estabilidad: «Venimos de 100 años de inestabilidad». Nadia Márquez, presidenta de Legislación General, sostuvo que el régimen busca corregir la falta de previsibilidad tributaria y jurídica. «La Argentina se ha vuelto un país poco confiable en esos términos», afirmó, y defendió reglas de largo plazo para inversiones que requieren grandes montos y tiempos prolongados.
Agustín Monteverde, presidente de Presupuesto y Hacienda, dispuso un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles próximo, cuando continuará el tratamiento del proyecto.