jueves, 20 agosto, 2026
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Abuso sexual y lesiones: definen si siete cadetes de la Escuela Penitenciaria de Santa Fe siguen detenidos

La audiencia de medidas cautelares se realizará este viernes a las 16 en los tribunales de Santa Fe. La fiscal solicitará la prisión preventiva para los siete imputados, mientras que las defensas pedirán su libertad.

La investigación por el ataque denunciado dentro de la Escuela Penitenciaria Nº 7 “Marcos Sánchez” tendrá este viernes una instancia decisiva. A partir de las 16, en la Sala 1 del subsuelo de los tribunales de Santa Fe, la jueza Rosana Carrara encabezará la audiencia en la que se discutirá si los siete cadetes imputados continúan detenidos o pueden atravesar el proceso en libertad.

La audiencia de medidas cautelares fue notificada a las partes por la Oficina de Gestión Judicial N.º 1. Los siete jóvenes permanecen actualmente detenidos en la cárcel de Las Flores, luego de haber sido imputados el martes por el delito de lesiones leves y abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas, en concurso real.

La acusación estará a cargo de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, de la Unidad Especial de Víctimas de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas) del Ministerio Público de la Acusación. Durante la conferencia de prensa posterior a la audiencia imputativa, la fiscal adelantó que solicitará la prisión preventiva para los siete acusados.

Qué se investiga

De acuerdo con la hipótesis provisoria presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió el jueves 13 de agosto, alrededor de las 19, dentro de la institución ubicada en el predio de la cárcel de Las Flores. La víctima, de 19 años, había terminado de rendir un examen de defensa personal y esposamiento y se dirigió hacia una cuadra de habitaciones para cambiarse de ropa.

Según la acusación, allí los siete jóvenes lo habrían golpeado y pateado hasta hacerlo caer al piso. Luego, siempre de acuerdo con la imputación, intentaron quitarle el pantalón y lo habrían sometido a distintos tocamientos de carácter sexual, además de intentar introducirle los dedos debajo de la ropa.

La situación habría terminado cuando tres compañeros que se encontraban en el lugar intervinieron y auxiliaron a la víctima. La Fiscalía atribuyó la conducta a Álvaro J., Michael G., Andrés F., Taiel F., Héctor F., Roque F. y Catriel D.

Durante la audiencia imputativa, cuatro de los acusados prestaron declaración y, según había informado Moser Ferro, negaron haber estado en el lugar del hecho. Ninguno de los siete registra antecedentes penales, de acuerdo con lo informado por la fiscal.

La investigación todavía busca determinar, además, qué motivó el ataque y si existía previamente una situación de hostigamiento dentro de la institución. La fiscal había señalado que la víctima mencionó inicialmente que este tipo de situaciones podía constituir una práctica habitual, aunque aclaró que ese aspecto todavía debe ser profundizado y corroborado.

También resta avanzar sobre otros elementos de prueba. Hasta el momento, no se habían incorporado registros de cámaras vinculados directamente con el episodio.

La postura de las defensas

Dos de los abogados defensores adelantaron cuál será su estrategia para la audiencia de este viernes.

El abogado Guillermo Corestein, defensor de Michael G., explicó que su asistido fue uno de los cuatro jóvenes que declararon durante la audiencia imputativa y sostuvo su inocencia. Según relató, el cadete afirmó que no se encontraba en el lugar del hecho, sino que estaba en un baño junto a otro compañero.

Corestein señaló que este viernes solicitará que su cliente vuelva a declarar. El defensor cuestionó la consistencia del relato de la víctima respecto de la presencia de su representado y sostuvo que existen contradicciones que deben ser consideradas. En ese marco, anticipó que pedirá el sobreseimiento y, subsidiariamente, que se disponga su libertad bajo alternativas a la prisión preventiva.

Por su parte, la abogada Abril Rico, defensora de Roque F., de 25 años, indicó que su asistido no había declarado durante la imputativa porque la defensa todavía no había podido acceder a la carpeta judicial. Por ese motivo, adelantó que “seguramente declare” durante la próxima audiencia.

Rico sostuvo que su cliente niega haber participado tanto de las lesiones como del abuso sexual y consideró que están dadas las condiciones para que recupere la libertad. “No hay elementos respecto de ninguno de los dos hechos”, afirmó la defensora, quien anticipó que solicitará la libertad.

Los restantes acusados son defendidos por Gisela Alemandri, defensora pública de Álvaro J.; Juan Bautista Fossa, de Andrés Benjamín F.; Arturo Gottardi y Jorge Pallavidini, quienes representan a los hermanos Taiel y Héctor F.; y Valentín Alfonso, defensor de Catriel D.

Denuncia oficial

La denuncia se originó a partir de la intervención de autoridades del Servicio Penitenciario. Uno de los directivos comunicó la situación y la Policía dio intervención al sistema de atención del Ministerio Público de la Acusación.

El viernes 14 de agosto, el Ministerio de Justicia y Seguridad informó que la Policía de Investigaciones había detenido a dos de los jóvenes denunciados e identificado al resto. Días después, la Fiscalía avanzó con la imputación de los siete.

La fiscal Moser Ferro había aclarado que su intervención se encuentra circunscripta a la investigación del abuso sexual y las lesiones atribuidas a los cadetes. Las eventuales responsabilidades de personas que tuvieran funciones de tutela, custodia o supervisión dentro de la institución podrían ser analizadas posteriormente por la unidad especializada en Delitos Complejos.

Antes de la audiencia cautelar, además, la fiscal tenía previsto reunirse nuevamente con la víctima para tomarle una ampliación de declaración. El contenido de esa entrevista se mantiene, por el momento, bajo reserva.

Este viernes, con la discusión sobre la libertad de los siete imputados como eje, la jueza Carrara deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía y de las defensas y determinar si corresponde mantener las detenciones, disponer una prisión preventiva o aplicar medidas alternativas mientras continúa la investigación.

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