El máximo tribunal revocó un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que avalaba una contribución cobrada por la Municipalidad de Córdoba a una entidad bancaria. El fallo retoma una línea jurisprudencial que ya había cuestionado mecanismos similares en otras jurisdicciones.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que había considerado legítima la denominada “Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios” que la Municipalidad de Córdoba cobraba a una entidad bancaria.
El máximo tribunal consideró que la norma municipal utilizaba una descripción “de enorme laxitud” para definir los servicios que justificaban el cobro y concluyó que, en esas condiciones, el municipio debía demostrar que había organizado y puesto efectivamente a disposición del contribuyente los servicios que pretendía financiar mediante la tasa.
La sentencia fue dictada en la causa “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ plena jurisdicción – recurso de casación”, y lleva fecha del 10 de septiembre de 2026.
Contraprestación
El conflicto se originó a partir de un ajuste fiscal determinado por la Municipalidad de Córdoba al banco en cuestión, por distintos períodos comprendidos entre diciembre de 2001 y octubre de 2005, más intereses y multa. El tributo se encontraba previsto en el artículo 231 del Código Tributario Municipal.
La norma establecía como hecho imponible el ejercicio de “cualquier actividad comercial, industrial, de servicios u otra a título oneroso” y justificaba el tributo en los servicios municipales de contralor, salubridad, higiene, asistencia social y “cualquier otro” que tendiera al bienestar general de la población.
El Banco cuestionó precisamente esa amplitud. Argumentó que para que un tributo pueda ser considerado una tasa debe existir un servicio concreto, efectivo e individualizado, y recordó la doctrina de la Corte en el precedente “Compañía Química”.
El Tribunal Superior cordobés, en cambio, había entendido que los servicios estaban “claramente definidos e individualizados y puestos a disposición del contribuyente”, y sostuvo además que correspondía al banco desvirtuar la presunción de existencia y prestación de esos servicios.
La “clave de bóveda”
La Corte recordó que ya había declarado inconstitucional esa misma contribución municipal en los precedentes “Laboratorios Raffo” y “Syngenta Agro”.
En particular, destacó que la existencia de una prestación concreta, efectiva e individualizada constituye un requisito esencial para que un tributo pueda ser considerado una tasa y no un impuesto encubierto.
En uno de los pasajes centrales de la sentencia, los jueces remarcaron que esa contraprestación concreta constituye la “clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones”, porque permite a los municipios cobrar a quienes reciben efectivamente los servicios sin vulnerar la Constitución Nacional.
La Corte agregó que cuanto más amplia sea la definición de los servicios incluidos en una tasa, mayor es la exigencia de acreditar que esos servicios efectivamente fueron prestados.
La carga de la prueba
Uno de los aspectos más relevantes del fallo es la distribución de la carga de la prueba.
La Corte recordó su precedente “Quilpe S.A.”, en el que había establecido que corresponde al municipio acreditar la efectiva prestación del servicio que pretende financiar mediante una tasa.
En aquella oportunidad había señalado que, frente a la negativa del contribuyente, la administración se encuentra en mejores condiciones para demostrar que el servicio fue efectivamente prestado.
El criterio también fue vinculado con el caso “Gasnor”, donde la Corte había cuestionado una fórmula tributaria de características similares por describir la actividad gravada “por defecto y de modo residual”. Esa modalidad, había advertido, podía convertirse en una “coartada para gravar actividades de los contribuyentes para quienes no se brinda ningún servicio o prestación”.
La Corte aplicó esa doctrina al caso de Córdoba y sostuvo que la norma cuestionada incurre en el mismo defecto.
La “prueba imposible”
Otro de los fundamentos centrales está relacionado con la dificultad de exigirle al contribuyente que demuestre que un servicio municipal no fue prestado.
La Corte consideró que, cuando la propia norma define de manera residual y excesivamente amplia los servicios que justificarían el cobro, no resulta razonable colocar sobre el contribuyente la carga de demostrar que esos servicios nunca existieron.
“Si, a los efectos de impugnar la tasa en cuestión, debiera ser el contribuyente quien tuviera que probar que el servicio que procura el ente público no ha sido efectivamente prestado, dada la dificultad de dicha prueba, se circunvalarían en los hechos las exigencias que determinan la constitucionalidad de las tasas retributivas de servicios tratándoselas de un modo similar a un impuesto”, advirtió la Corte.
Y agregó que esa equiparación resultaría constitucionalmente problemática porque el municipio carece de facultades para crear un impuesto de esas características.
Rosatti: las tres condiciones
El fallo de la Corte lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El presidente del Tribunal desarrolló en su voto una precisa formulación sobre los requisitos que deben reunir las tasas municipales.
Según Rosatti, la potestad de los municipios para crear una tasa está sometida a tres condiciones: una definición clara y precisa del hecho imponible y de los servicios ofrecidos; la efectiva organización y puesta a disposición del servicio, acto o bien para el contribuyente; y una adecuada cuantificación del tributo.
El voto de Rosatti introdujo además una precisión sobre otro de los cuestionamientos formulados por el Banco Galicia: la utilización de los ingresos como base para calcular el tributo.
El ministro recordó la doctrina establecida en “Esso Petrolera Argentina”, según la cual no resulta objetable que la cuantía de una tasa tome en consideración no solamente el costo de los servicios sino también la capacidad contributiva del obligado.
Pero esa posibilidad tiene un límite: no puede conducir a resultados “irrazonables, desproporcionados y disociados” de las prestaciones municipales directas e indirectas.
En el caso concreto, Rosatti entendió que el recurso del banco no había demostrado que el tributo fuera desproporcionado o confiscatorio en ese aspecto.
Una fórmula inaceptable
En cuanto al núcleo de la discusión, el presidente de la Corte coincidió en que el artículo 231 del Código Tributario Municipal cordobés presentaba el mismo defecto que la norma analizada en “Gasnor”.
La disposición no solamente mencionaba servicios como contralor, salubridad, higiene o asistencia social, sino que incorporaba una categoría residual: “cualquier otro no retribuido por un tributo especial”.
Para Rosatti, esa estructura hacía que correspondiera al municipio -y no al contribuyente, en virtud de la presunción de legitimidad de los actos administrativos- demostrar durante el proceso la organización y puesta a disposición del servicio público que justificaba la tasa.
Con esos argumentos, la Corte hizo lugar a la queja presentada por el Banco Galicia, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, ordenando que se dicte una nueva, conforme a los parámetros fijados.