La Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción a los mensajes 24/2026 y 25/2026 del gobernador Maximiliano Pullaro. Uno crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos y el otro incorpora el artículo 21 bis a la Ley 13.014 sobre Defensa Penal.
Durante la sesión del jueves 17 de septiembre, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó media sanción a dos mensajes de ley del gobernador Maximiliano Pullaro vinculados a la seguridad y la defensa penal.
El cuerpo de 19 bancas aprobó una norma que crea Unidades Especiales en la Defensa Pública, con un artículo referido especialmente a los uniformados, y otro que busca luchar contra el robo y comercialización de teléfonos celulares.
Obtuvieron media sanción los Mensajes N° 24/2026 y N° 25/2026 del Poder Ejecutivo. El primero establece el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, mientras que el segundo incorpora el artículo 21 bis a la Ley N° 13.014, correspondiente al Servicio Público de Defensa Penal, referido a las Unidades Especiales de la Defensa Pública.
En el primer caso, se trata de mecanismos de control y registro del comercio de teléfonos celulares, para desalentar el robo de esos y otros dispositivos tecnológicos al bloquearse en todo lo posible su compra-venta ilegal.
En el segundo, se crean cargos y añaden funciones, mediante Unidades Especiales, al Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, que forma parte del ministerio público. Un artículo en particular del proyecto de ley que ahora pasó a Diputados habla de la defensa de los uniformados en la provincia, tanto la policía como los integrantes del Servicio Penitenciario.
Con las herramientas que otorga la jurisdicción provincial, se apunta por un lado a poner obstáculos al comercio ilegal y perseguirlo con más precisión, gracias a registros y políticas que vigilen la trazabilidad dentro del territorio santafesino. Por otra, se va contra los actores de ese mercado en negro, incluidos los clientes que no pregunten por el origen de los aparatos ofrecidos.
Si la norma avanza en la Legislatura, el Código Procesal Penal dará a la autoridad policial la potestad de revisar que los celulares tengan todo en orden. No se trata de la apertura de contenidos de carácter privado, sino de que los uniformados puedan requerir a cualquier ciudadano los aparatos y verificar si no fueron alterados.
IMEI mediante, cualquier comprador de teléfonos experimentado sabe si el celular que se le ofrece es o no robado. Ahora, los policías podrán hacer lo mismo con cualquier ciudadano y revisar ese aspecto, con la misma práctica con que piden documentos.
Si en la base oficial (imei.enacom.gob.ar) se encuentra alguna irregularidad, «el personal policial procederá a efectuar requisa personal y secuestro del dispositivo, con inmediata comunicación al Ministerio Público de la Acusación».
Se crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos «destinado a dotar a la Provincia de Santa Fe de un marco normativo integral para prevenir, detectar, investigar y desarticular uno de los mercados que mayor incidencia tiene en la criminalidad urbana».
En cuanto a la ley en debate sobre la Defensa Pública, que va a Diputados, se asignan más recursos humanos y objetivos: ocho cargos de defensores y entre las nuevas disposiciones legales incorpora «la defensa de miembros de fuerzas de seguridad, en casos en los que se alegara violencia institucional».
Más allá de la repercusión de esta innovación, hay en el proyecto de ley un alcance mayor que estará atado a lo que resuelva la conducción de los defensores públicos.
La Ley 13.014 a reformar es parte de la reforma de la Justicia Penal en Santa Fe y la creación del Servicio Público Provincial de Defensa Penal (como su mellizo institucional el Ministerio Público de la Acusación) tiene dos etapas marcadas por la Constitución.
Además, la Cámara alta aprobó un proyecto de ley de autoría de Oscar Dolzani, que modifica los límites jurisdiccionales de los distritos San Javier y Colonia Teresa, en el departamento San Javier.
También, del senador Esteban Motta, una modificación sobre la Ley N° 13.169, Código de Faltas de Tránsito de la Provincia. La iniciativa sustituye el artículo 117 e incorpora los artículos 117 bis y 117 ter, referidos a competencias, desafíos o pruebas no autorizadas con vehículos motorizados en la vía pública, y los artículos 130 bis y 133 bis, vinculados con las actas de infracción.
En pocas palabras, espera poder controlar el fenómeno extendido de las picadas de autos y motos en el espacio público.