La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia contra funcionarias de Seguridad y el diputado Maximiliano Ferraro solicitó acceso a la información pública tras las afirmaciones del presidente sobre expulsiones de terroristas en 2025 y 2026.
Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la supuesta expulsión de 30.000 «terroristas» extranjeros durante 2025 y 2026 derivaron en una denuncia judicial contra funcionarias del área de Seguridad y en un pedido de acceso a la información pública.
La presentación judicial fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien pidió investigar a la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y a su antecesora, Patricia Bullrich, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de denuncia, además de cualquier otra figura que pueda surgir durante la investigación.
El planteo surgió a partir de las declaraciones que el jefe de Estado realizó el 27 de septiembre en LN+, donde afirmó que el Gobierno había expulsado «10 mil terroristas el año pasado» y otros «20 mil» durante 2026. Según Milei, se trataba de personas que «se infiltran de otros países para venir a tratar de dinamitar el modelo argentino».
Carreras sostiene que esos números deben ser esclarecidos porque, de acuerdo con los datos oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones citados en su denuncia, las cifras no coincidirían con las mencionadas por el Presidente.
Según la documentación presentada, durante 2025 hubo 772 expulsiones por distintos delitos, sin que aparezcan identificadas causas vinculadas al terrorismo. Para 2026, con información parcial, se mencionan 744 expulsiones y unos 18.947 incidentes de entrada o rechazos, sin que ninguno figure oficialmente catalogado como terrorismo.
Frente a esa diferencia, la abogada preguntó «cómo se determinó que esas personas eran terroristas» y si existió «un registro o tipificación formal» para identificarlas de esa manera.
También busca determinar «si las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación informaron o permitieron que se difundiera información falsa o exagerada sobre una amenaza superlativa de seguridad nacional».
Otro de los puntos de la denuncia está relacionado con el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y con las disposiciones de la Ley de Migraciones, para establecer si quienes fueron expulsados tenían efectivamente algún vínculo con actividades terroristas.
Entre las medidas solicitadas, Carreras pidió a Migraciones el detalle de todas las expulsiones y rechazos registrados durante 2025 y 2026, discriminados por causal, con especial atención a los casos relacionados con terrorismo y delitos conexos.
Además, reclamó conocer cuántas personas expulsadas o rechazadas figuraban en el RePET, junto con sus nacionalidades, las fechas de las medidas y las resoluciones administrativas correspondientes.
Al Ministerio de Seguridad le solicitó «todos los informes, memorandos o comunicaciones internas sobre ‘terroristas deportados’ o amenazas de infiltración para ‘dinamitar el modelo argentino'», además de la documentación utilizada como respaldo de las declaraciones presidenciales.
La presentación también apunta a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y al fuero federal. En esos ámbitos busca determinar cuántas denuncias, imputaciones, procesamientos y condenas hubo contra extranjeros por terrorismo, financiamiento del terrorismo o delitos vinculados durante los dos años mencionados.
Carreras planteó tres posibilidades frente a la diferencia entre los registros oficiales y las cifras difundidas por Milei: que sean incorrectos los datos oficiales, que sea incorrecta la información difundida por el Presidente o que efectivamente sean verdaderos los 30.000 casos.
Sobre este último escenario, advirtió: «En ese caso, estaríamos ante el reconocimiento público de que en menos de dos años ingresaron y debieron ser expulsados 30.000 terroristas, lo que demostraría la inexistencia de una política de Estado efectiva para prevenir, detectar y contener el crecimiento de esta amenaza».
Por ese motivo, la denunciante sostuvo que, cualquiera sea la explicación, «la situación resulta inadmisible y exige una investigación seria y urgente». También pidió investigar «la gravedad institucional de la afirmación pública de la existencia de 30.000 terroristas en el país» y determinar si se trató de «un error, una exageración o una ocultación de información de seguridad nacional».
El pedido de Maximiliano Ferraro
En paralelo, el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, presentó un pedido de acceso a la información pública, amparado en la Ley 27.275, y otro pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad y a la Dirección Nacional de Migraciones.
«El Presidente habló de 30.000 personas deportadas y las calificó de terroristas. Estamos hablando de más de 27 por día en 2025 y casi 74 por día en 2026», planteó Ferraro.
Entre la información requerida, pidió precisar cuántas personas fueron efectivamente expulsadas de la Argentina y cuántas de esas medidas tuvieron como fundamento causales vinculadas al terrorismo previstas en el artículo 29 de la Ley de Migraciones 25.871.
También reclamó saber cuántas de las personas mencionadas tienen una imputación o condena y cuántas aparecen en el RePET.
A su vez, el diputado solicitó que los organismos indiquen, en cada caso, qué normativa o registro fue utilizado para calificar a esas personas como terroristas y cuál es la información concreta que respalda esa definición.
El pedido de Ferraro también apunta a otra de las afirmaciones realizadas por el Presidente durante la entrevista: que había extranjeros que ingresaban al país para «dinamitar el modelo argentino». En ese sentido, pidió conocer si existen registros que permitan sustentar esa afirmación y qué denuncias fueron radicadas al respecto.
Fuente: Data Clave