La Cámara de Diputados de Santa Fe inicia este jueves el debate sobre un paquete de reformas punitivas y de seguridad impulsado por el Ejecutivo provincial, coordinado por las comisiones de Seguridad y Asuntos Institucionales.
La Cámara de Diputados de Santa Fe abre este jueves el debate sobre un nuevo paquete de reformas punitivas y de seguridad impulsado por el Ejecutivo provincial. El proyecto es coordinado por las comisiones de Seguridad y Asuntos Institucionales y busca otorgar mayores facultades procesales a las fuerzas policiales y al Ministerio Público de la Acusación.
El presidente de la Comisión de Seguridad, el diputado Martín Rosúa (UCR-Unidos), afirmó que el objetivo es que la Policía, los fiscales y la Justicia tengan mejores herramientas para actuar, investigar y prevenir. «Tenemos una realidad delictiva que cambió y necesitamos leyes que estén a la altura», sostuvo Rosúa.
Las comisiones de Seguridad y Asuntos Institucionales se reunirán este jueves para iniciar el debate del paquete de medidas elevado por la provincia de Santa Fe, destinado a proporcionar al Estado más herramientas para enfrentar al crimen organizado, actuar con mayor rapidez y adaptar la legislación a las nuevas formas de delinquir.
Rosúa indicó que entre las principales medidas que comenzarán a discutirse se encuentra el Juicio por Rebeldía. «A partir de la aprobación, que un acusado se fugue o decida no presentarse no podrá paralizar indefinidamente una causa. El proceso podrá continuar, respetando siempre su derecho de defensa», declaró.
El presidente de la Comisión de Seguridad también sostuvo que se implementarán nuevas disposiciones para retirar armas de la calle. «Se amplían las posibilidades de actuación policial urgente frente a armas, municiones, explosivos y otras situaciones donde esperar una orden judicial puede hacer desaparecer la evidencia, con posterior control de la Justicia», afirmó.
Otro de los puntos a debatir es que las cárceles no operen como oficinas del delito. «Se creará un régimen más estricto para presos de alto perfil sospechados de ordenar o instigar delitos desde prisión, con restricciones sobre visitas y comunicaciones», describió Rosúa.
Asimismo, se propone ofrecer inteligencia criminal adaptada al delito digital. La investigación podrá incorporar de manera expresa herramientas sobre dispositivos electrónicos, mensajería y redes sociales, con autorización judicial cuando se afecte sustancialmente la privacidad.
El diputado adelantó que también se avanzará con la recuperación de lugares tomados por el delito. «Se incorporarán herramientas para intervenir sobre inmuebles utilizados para actividades ilícitas, incluyendo su inactivación y la posibilidad de que posteriormente tengan una utilización estatal o comunitaria», dijo.
También se establecerán recompensas para prevenir delitos y encontrar armas. El sistema de recompensas podrá utilizarse no sólo para esclarecer delitos ya cometidos, sino también para obtener información sobre amenazas a la seguridad y para programas vinculados al reporte o entrega de armas.
«Santa Fe avanzó mucho en estos años recuperando el control de las calles y de las cárceles. Ahora tenemos que seguir actualizando nuestras leyes. Frente a organizaciones criminales que cambian permanentemente sus métodos, el Estado no puede quedarse con herramientas del pasado», afirmó Rosúa.