La Cámara de lo Contencioso Administrativo 2 de Rosario hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe y suspendió el Decreto 706/26 de la Municipalidad de Rosario, que eliminaba la obligación de exigir aportes previsionales como requisito para emitir permisos o certificados de obra.
La Cámara de lo Contencioso Administrativo 2 de Rosario hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe y suspendió el Decreto 706/26 de la Municipalidad de Rosario. La normativa eliminaba la obligación de requerir el pago de aportes previsionales a los profesionales como condición para emitir permisos o certificados de obra.
El decreto, firmado por el intendente Pablo Javkin en abril, dejaba sin efecto los artículos 5.4.1 y 5.4.2 del Anexo I del Decreto 1261/2024, que regía los trámites de la Dirección General de Obras Particulares. El Municipio argumentó que el cambio buscaba «modernizar y agilizar» la administración pública, simplificar la estructura tributaria y ejercer la autonomía municipal establecida en la Constitución de Santa Fe.
Tras la presentación judicial, la Cámara consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta instancia, que el decreto municipal puede desconocer obligaciones establecidas por legislación provincial y afectar el financiamiento de la Caja de Ingenieros, entre otras entidades profesionales.
El tribunal centró su argumentación en el artículo 48 de la Ley provincial 6729, según el cual las reparticiones municipales encargadas de aprobar, inscribir o visar planos y proyectos técnicos no pueden dar curso a esas actuaciones sin la previa constancia del depósito de los aportes correspondientes.
Entre los considerandos de la resolución judicial se señala que el cambio propuesto por la Municipalidad no puede interpretarse únicamente como una reorganización de trámites. El tribunal advierte que la eliminación del control municipal podría favorecer el incumplimiento de los aportes, como sostuvo el Colegio de Ingenieros, y generar un perjuicio para el financiamiento del sistema previsional y de salud de los profesionales.
El tribunal también rechazó, para esta instancia cautelar, que la autonomía municipal pudiera desplazar las obligaciones establecidas por una ley provincial. Agregó que las competencias de los gobiernos locales deben ejercerse en coordinación con las atribuciones provinciales.
La Caja de Previsión Social de los Profesionales de la Ingeniería de Santa Fe y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario habían expresado su rechazo a la normativa. Las entidades advirtieron que los cambios no anulaban la ley de aportes, pero eliminaban el mecanismo de control estatal previo, lo que ponía en riesgo el financiamiento del sistema previsional y asistencial que sostiene a más de 20.000 familias de profesionales.
A partir de la resolución judicial, la Municipalidad deberá acatar la medida y volver a exigir el cumplimiento de ese requisito mientras se resuelve la cuestión de fondo. La resolución no se pronuncia sobre la validez del Decreto 706; es una medida cautelar que ordena suspenderlo hasta que se defina la esencia de la disputa.