La Justicia Federal imputó a Gustavo Ignacio Buratti, profesor de educación física, como presunto coautor de los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero en complicidad con el broker inmobiliario Andrés Lux. La investigación se centra en una financiera informal que operó en Corrientes 631 hasta su desmantelamiento el 6 de octubre.
La investigación judicial vinculada a los negocios informales del broker inmobiliario Andrés Lux sumó un nuevo capítulo en los tribunales federales. La Justicia imputó formalmente a Gustavo Ignacio Buratti, un profesor de educación física señalado como el principal responsable de operar una financiera informal que habría servido para canalizar fondos no declarados y ejecutar maniobras de lavado de activos en complicidad con el empresario rosarino.
Durante una audiencia celebrada en el fuero federal, los fiscales atribuyeron a ambos hombres la coautoría de los delitos de intermediación financiera no autorizada y lavado de dinero. Según la reconstrucción del Ministerio Público, Lux figuraba como uno de los propietarios de la firma Meta Inversiones, una cueva financiera ubicada en Corrientes 631. Buratti, por su parte, ingresó inicialmente como operador y con el tiempo asumió la conducción operativa del establecimiento.
La hipótesis fiscal sostiene que la estructura operó de forma continua desde comienzos de 2023 hasta el pasado martes 6 de octubre, cuando fue desmantelada en un operativo policial. El negocio clandestino se mantuvo activo incluso después de noviembre de 2024, momento en que Lux resultó detenido en el marco de la causa provincial que investiga las millonarias estafas derivadas del colapso de su mesa de dinero informal.
Un esquema financiero al margen de la ley
De acuerdo con las pruebas reunidas, Meta Inversiones captaba dinero de particulares bajo la promesa de altos retornos mensuales en dólares. Además, la cueva realizaba operaciones de compraventa de divisas, descuento de cheques y transacciones con criptomonedas, todo ello al margen de cualquier fiscalización del Banco Central de la República Argentina. La oficina contaba con una infraestructura profesionalizada que incluía personal de caja, recepción, tesorería, sistemas de videovigilancia, cajas fuertes y contadoras de billetes.
Uno de los ejes centrales de la acusación se enfoca en la transferencia sospechosa de dos departamentos. Ambas propiedades, situadas en Riccheri 243/245 y Dorrego 1611, pertenecían a Lux y fueron escrituradas a nombre de Buratti mediante el fideicomiso de garantía Merced por un precio declarado de 75.000 dólares. Sin embargo, apenas dos semanas después, Buratti puso las mismas viviendas a la venta en el mercado inmobiliario por un total de 134.000 dólares. Para la Fiscalía, la maniobra buscaba dar apariencia legal a inmuebles adquiridos con dinero de las estafas y resguardarlos de la acción de los acreedores de Lux.
El patrimonio de Buratti también generó cuestionamientos. En 2024, el docente regularizó deudas impositivas, ingresó al régimen de blanqueo de capitales declarando 64.500 dólares en efectivo y realizó posteriores movimientos bancarios y compras de divisas que no guardaban concordancia con sus ingresos declarados. A esto se suman escuchas y conversaciones donde ambos coordinaban movimientos patrimoniales al tanto del reclamo de las víctimas.
Sospechas de fuga y posible entorpecimiento
El día de los procedimientos, efectivos de la Policía Federal ingresaron a la sede de calle Corrientes y encontraron la caja fuerte principal abierta y totalmente vacía, sin efectivo ni el dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad. El peritaje reveló que poco más de una hora antes de la llegada de las fuerzas de seguridad, la alarma del lugar había sido desactivada para retirar el dinero y la documentación.
A pesar del vaciamiento previo, la Policía secuestró ocho máquinas contadoras de billetes, registros contables y, en un galpón sobre calle Amenábar al 3400, incautó siete equipos de minería de criptomonedas.
Buratti no fue hallado durante los allanamientos matutinos y recién se presentó al final de la tarde en una sede policial, sin su teléfono celular. Ante el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento, los fiscales solicitaron 180 días de prisión preventiva para el profesor, junto con embargos por más de 151 millones de pesos para cada imputado y la inmovilización de cuentas y bienes. En el caso de Lux, no se solicitó una nueva detención preventiva ya que se encuentra privado de la libertad por la causa penal provincial.
Esta investigación federal se tramita en paralelo con el expediente penal por estafas masivas y el proceso de quiebra personal del broker, donde las deudas verificadas superan los 3.336 millones de pesos. Las autoridades anticiparon que continuarán las medidas para determinar el destino del dinero retirado antes de los registros y para identificar a otros posibles cómplices de la red financiera.