La referenta de Ammar en Rosario se refirió a los femicidios de Débora Bordón y Bárbara Aragón, a la falta de reconocimiento legal del trabajo sexual y a las condiciones de precariedad en que se desempeñan las trabajadoras sexuales en la ciudad.
En las últimas semanas, los femicidios de Débora Bordón (31) y Bárbara Aragón (26) en Rosario se sumaron a los 18 crímenes de género registrados en la ciudad en lo que va del año, según informó la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar).
Myriam Auyeros, referenta de Ammar en Rosario, declaró a El Ciudadano que en el caso de Bárbara Aragón la familia debió encabezar la búsqueda ante la demora de las fuerzas de seguridad. «La madre se presentó en la Fiscalía acompañada por nosotras y no la atendieron; recién la recibieron días después para prestar declaración», afirmó Auyeros. La reconstrucción del recorrido se realizó a través de redes sociales: un remisero reconoció la foto de la víctima e indicó la dirección a la que la había trasladado. Las primeras informaciones señalan como principal sospechoso a un ex policía de Reconquista, exonerado por causas vinculadas con el narcotráfico y con condena previa.
Auyeros sostuvo que «la inoperancia policial y la demora en tomar las denuncias son constantes» y agregó: «Si no fuera por el remisero y la desesperación de la familia, no la encontraban».
Según la referenta, Bordón y Aragón se desempeñaban en departamentos privados y servicios a domicilio, contactadas a través de plataformas digitales, y no estaban organizadas en el sindicato. «Nuestra actividad no está reconocida y eso hace que quedemos tapadas, sin apoyo de nadie. La clandestinidad es lo que nos mata», afirmó.
Respecto de las condiciones económicas, Auyeros describió: «Hoy la mayoría de las chicas son jefas de familia con tres a cinco hijos a cargo. La falta de trabajo y el aumento de los alquileres las obliga a salir a hacer domicilios, expuestas a cualquier situación, porque los clientes en los hoteles ya no consumen o pagan miseria». También mencionó la reducción de herramientas públicas de asistencia: «Nos fueron sacando secretarías, subsidios de emergencia para alquileres y áreas de atención a la violencia».
En cuanto al accionar policial, Auyeros señaló que, aunque la legislación vigente prohíbe las detenciones por el solo hecho de ejercer el trabajo sexual, la presencia de uniformados mantiene una lógica de hostigamiento: «Siguen dando vueltas, pidiendo documentos veinte veces a las chicas de la zona de la Terminal o cruzando el patrullero para ahuyentar la actividad. Pero cuando hay una emergencia o una compañera desaparece, no están».
Tras la convocatoria en las puertas del Centro de Justicia Penal para acompañar a las familias en las audiencias imputativas, desde Ammar ratificaron que la exigencia de fondo trasciende el castigo individual a los agresores. «Pedimos derechos laborales y ser reconocidas como trabajadoras. Queremos salud, vivienda y educación para nuestros hijos, y una jubilación o resarcimiento para las compañeras más grandes que llevan décadas trabajando en la ruta o en la calle sin nada. Débora dejó cinco hijos; Bárbara dejó mellicitos de 6 años. Detrás de cada una hay una madre que sale a laburar para darles de comer. Necesitamos que la Justicia se mueva rápido y que el Estado deje de darnos la espalda», concluyó Auyeros.