La jueza federal estadounidense dejó sin efecto la sentencia de 2023 que obligaba al país a pagar más de US$ 16.100 millones por la estatización de la petrolera. La Cámara de Apelaciones ya había revocado ese fallo y la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta revisar el caso.
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto formalmente la sentencia de 2023 que obligaba a la Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones por la estatización de YPF y dispuso el cierre del expediente en primera instancia. La resolución, emitida el lunes 19 de octubre, acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo había revocado la condena multimillonaria contra el Estado nacional.
Qué resolvió la jueza Preska
La decisión de Preska formaliza en el expediente original las consecuencias del fallo de segunda instancia. De esta manera, quedó sin efecto la condena que la magistrada había dictado en septiembre de 2023, cuando ordenó que la Argentina pagara más de US$ 16.100 millones a los demandantes por el modo en que se realizó la estatización de YPF. Con los intereses acumulados, el monto había superado los US$ 18.000 millones.
La resolución no constituye un nuevo análisis de todos los argumentos del litigio, sino que cumple con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones. El tribunal había revocado la sentencia original al considerar que Preska interpretó incorrectamente aspectos del derecho argentino relacionados con el proceso de expropiación y los derechos de los accionistas minoritarios.
El fallo de segunda instancia fue emitido el 27 de marzo de 2026 por un tribunal integrado por los jueces Denny Chin, Beth Robinson y José Cabranes, quien votó en disidencia. En su decisión, la mayoría entendió que la normativa argentina sobre expropiaciones no habilitaba el reclamo indemnizatorio planteado en esos términos por los accionistas demandantes. También sostuvo que el estatuto de una sociedad no equivale a un contrato bilateral entre sus accionistas que permita, por sí mismo, reclamar daños y perjuicios como los exigidos en la causa.
Tras ese pronunciamiento, los demandantes intentaron que la revisión del fallo se analizara antes de dar por cerrado formalmente el expediente de primera instancia. Preska avanzó con la resolución que deja sin efecto su sentencia original, de acuerdo con lo establecido por la Cámara.
Para la Argentina, el paso representa un avance judicial relevante porque mantiene desactivada la obligación de afrontar la indemnización fijada en 2023. No obstante, el alcance definitivo de esa victoria dependerá de lo que resuelva la Corte Suprema estadounidense sobre el recurso pendiente.
Por qué comenzó el juicio y qué puede pasar ahora
El conflicto judicial se originó en 2012, cuando el Estado argentino tomó el control del 51% de las acciones de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La operación dio lugar a reclamos de accionistas minoritarios que consideraron que no se habían respetado las condiciones previstas en el estatuto de la compañía para una adquisición de esa magnitud.
Entre los demandantes estuvieron Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculadas con la familia Eskenazi, y el fondo Eton Park. Burford Capital financió el litigio y adquirió derechos vinculados con los reclamos de los antiguos accionistas, por lo que tiene un interés económico directo en el resultado de la disputa.
En septiembre de 2023, Preska había fallado a favor de los demandantes y establecido una indemnización superior a los US$ 16.100 millones. Esa decisión abrió una etapa de apelaciones que culminó, por ahora, con el pronunciamiento favorable a la Argentina.
Después de que la Cámara de Apelaciones rechazara revisar su decisión en una instancia ampliada, Burford recurrió a la Corte Suprema de Estados Unidos. El fondo busca que el máximo tribunal examine el fallo y eventualmente revierta la decisión que dejó sin efecto la condena.
La presentación, sin embargo, no implica que la Corte vaya a tratar el caso. El tribunal debe decidir primero si acepta el pedido de revisión, una instancia discrecional en la que solo una proporción reducida de las solicitudes llega a ser analizada.
Si la Corte rechaza el recurso, se mantendrá el fallo de la Cámara de Apelaciones y la condena millonaria no volverá a tener vigencia por esa vía. Si acepta intervenir, el litigio podría abrir una nueva etapa judicial, aunque eso no significa que vaya a restablecer automáticamente la sentencia de 2023.
En paralelo, Burford impulsa otras acciones vinculadas con la disputa ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Grupo Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.
Por ahora, la resolución de Preska cierra formalmente la etapa de primera instancia en Nueva York, pero no elimina toda posibilidad de que el conflicto continúe. La próxima definición clave estará en manos de la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si toma el caso.