La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario expuso observaciones sobre el proyecto de seguridad que impulsa el gobernador Maximiliano Pullaro durante una ronda de consultas en comisiones de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario presentó este miércoles observaciones al proyecto de reforma de seguridad impulsado por el Poder Ejecutivo provincial, durante una ronda de consultas organizada por las comisiones de Seguridad Pública y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de Santa Fe.
La iniciativa, denominada «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública», modifica varias leyes provinciales con el objetivo declarado por el Ejecutivo de acelerar la capacidad de respuesta estatal frente al crimen organizado y equipar con mejores recursos a las fuerzas de seguridad, al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y a las autoridades penitenciarias.
La entidad que nuclea a los penalistas cuestionó que el proyecto desplace la intervención y el control previo de los jueces hacia una instancia posterior a los hechos.
Uno de los puntos de mayor tensión gira en torno a los allanamientos sin orden judicial previa. La propuesta habilita a la Policía a ingresar al domicilio de un sospechoso cuando se hallen armas ilegales o explosivos en la vía pública para luego someter el procedimiento a la revisión del juez.
Desde el oficialismo defienden la medida argumentando que busca evitar que los tiempos de tramitación permitan ocultar pruebas, mientras que los penalistas sostienen que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que exige, salvo en las excepciones extremas ya contempladas por la ley, la autorización previa de un magistrado.
El texto también habilita la realización de interrogatorios policiales sin la presencia obligatoria de un abogado defensor. Para el gobierno, esta facultad busca recabar información crucial en los primeros minutos de una investigación sin vulnerar la libertad del imputado de negarse a declarar; sin embargo, las voces críticas señalan que esta flexibilización pone en riesgo la voluntariedad de los testimonios y el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
En cuanto al rol de los fiscales, la reforma faculta al MPA a disponer medidas coercitivas que no impliquen privación de la libertad —como restricciones de circulación, mecanismos de vigilancia o cauciones— sin necesidad de autorización judicial previa.
Según advirtió José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, este esquema reduce la figura del juez a un rol meramente posterior sobre decisiones que ya produjeron sus efectos.
El paquete normativo incluye además la incorporación del juicio en rebeldía para imputados notificados que no se presenten a la Justicia, la creación de un procedimiento por decreto penal para contravenciones menores, modificaciones en el sistema de inteligencia y excepciones a las reglas que excluyen pruebas obtenidas de manera irregular.
Las objeciones no surgen únicamente de los abogados particulares. En jornadas previas, integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y representantes de la defensa pública expresaron reparos similares sobre la delegación de atribuciones estrictamente judiciales.
Frente a este panorama, el oficialismo insiste en que el proyecto es compatible con la Constitución y busca modernizar la capacidad operativa del Estado. El diputado Martín Rosúa, referente en la defensa de la iniciativa, rechazó que se pretenda otorgar poderes irrestrictos a las fuerzas de seguridad.
El texto legislativo aún puede sufrir modificaciones antes de desembarcar en el recinto. La intención de la bancada oficialista es consolidar los acuerdos internos dentro del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y someter el proyecto a votación en la Cámara de Diputados durante la sesión programada para el próximo 29 de octubre.