Este lunes a las 15, en los Tribunales de Santa Fe, el juez Pablo Spekuljak encabezará la audiencia de cesura para determinar la pena para Augusto Joaquín Monzón, declarado culpable de homicidio calificado criminis causa por un jurado popular. La fiscalía y la querella sostienen que corresponde prisión perpetua, mientras que la defensa podría plantear la inconstitucionalidad de esa pena.
A más de dos años del asesinato de Carlos Alberto “Pelusa” Farías, este lunes se realizará en los Tribunales de Santa Fe la audiencia de cesura que permitirá establecer la pena para Augusto Joaquín Monzón, declarado culpable de homicidio calificado criminis causa por un jurado popular.
La instancia comenzará a las 15, en la sala de juicio por jurados del segundo piso del edificio Anexo, y estará a cargo del juez técnico Pablo Spekuljak.
A diferencia del debate oral, en esta etapa ya no intervienen los ciudadanos que integraron el jurado. Serán el magistrado y las partes quienes discutan las consecuencias jurídicas del veredicto y la sanción que corresponde imponer.
El fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni, explicó que el objetivo de la audiencia es determinar el monto de la pena para quien fue declarado culpable. Sin embargo, señaló que la calificación legal establecida por el jurado tiene una consecuencia prevista expresamente en el Código Penal.
“Como se trata de un homicidio criminis causa, que fue resuelto así por el jurado, el Código Penal establece en el artículo 80, inciso 7, que la pena que le corresponde es de prisión perpetua”, sostuvo.
En ese sentido, el funcionario consideró que no existe posibilidad de graduar la sanción y anticipó cuál podría ser el eje de la discusión: “Entiendo yo que lo que van a discutir las partes está vinculado con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua y los efectos que esto trae”.
Desde la querella, el abogado Martín Risso Patrón coincidió en que la consecuencia legal del veredicto es la prisión perpetua. “No hay casi discusión para hacer”, sostuvo, aunque aclaró que la audiencia constituye una instancia formal que debe cumplirse para que el juez imponga la sanción.
El representante de la familia anticipó que tanto la querella como la fiscalía pedirán que se aplique la ley. También indicó que en esta etapa se consideran las circunstancias del hecho, las condiciones personales del imputado y los elementos que habitualmente se ponderan para determinar una pena.
La defensa de Monzón, ejercida por los abogados Gabriel Martín y Gustavo Abraham, tendrá oportunidad de plantear sus argumentos.
El crimen en la peatonal
El caso se remonta al 21 de febrero de 2024, cuando Farías, de 57 años, fue convocado por Monzón a un local comercial de calle San Martín al 2600, donde funcionaba California Bay. La víctima trabajaba como cambista y, según la acusación, el encuentro fue organizado bajo la excusa de realizar una operación de divisas.
La hipótesis fiscal sostuvo que el joven lo atacó a golpes para apoderarse de una suma cercana a los 20.000 dólares y luego escondió el cuerpo en el depósito del comercio. Los registros de videovigilancia, las pericias forenses y los rastros de sangre fueron algunas de las pruebas expuestas durante el juicio.
El debate se desarrolló el 19 y 20 de octubre, bajo la conducción de Spekuljak. Giavedoni llevó adelante la acusación, mientras que Risso Patrón representó a los familiares. La defensa, en tanto, sostuvo que se había tratado de una muerte derivada de una pelea y no de un homicidio deliberado.
El jurado popular descartó esa postura y declaró culpable a Monzón por homicidio criminis causa. La semana pasada, uno de los hijos de Farías realizó la declaración de impacto, en la que pidió justicia por su padre y reclamó un castigo para el responsable de su muerte.
Con la audiencia de este lunes, el proceso llegará a la instancia de imposición de pena, aunque la eventual discusión sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua podría abrir un nuevo capítulo judicial.