El fiscal federal Franco Picardi solicitó la elevación a juicio de una investigación que tiene como imputados a cuatro detenidos del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy, acusados de conformar una organización que utilizaba el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, para cometer estafas y extorsiones. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini.
El fiscal federal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, solicitó la elevación a juicio de una investigación que tiene como imputados a cuatro detenidos del Establecimiento Penitenciario N°7 de Jujuy, acusados de conformar una organización criminal que, empleando el nombre del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, cometía estafas y extorsiones con familiares de otras personas privadas de la libertad.
El requerimiento fue presentado el miércoles pasado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, subrogado por el juez federal Julián Ercolini. Los cuatro imputados permanecen detenidos y registran condenas por otros delitos: C.M.A.A. (38), por robo y violación de domicilio; R.A.R. (40), por robos y hurtos; S.A.L. (31), por tentativa de homicidio y robos; y W.R.V. (32), por homicidio simple.
Picardi los acusó por los delitos de asociación ilícita, en calidad de miembros (artículo 210, primer párrafo, del Código Penal, que prevé una pena de tres a diez años de prisión); usurpación de autoridad, reiterada en ocho oportunidades (artículo 246, inciso 1, de un mes a un año de prisión); estafa, reiterada en dos oportunidades (artículo 172, de un mes a seis años); y extorsión mediante simulación de autoridad pública (artículo 168, de cinco a diez años de prisión), todos en concurso material.
La investigación estableció que la organización funcionó, al menos, desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025, con base en el mencionado establecimiento penitenciario, ubicado dentro del denominado Complejo Penitenciario, en el Barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy.
De acuerdo con la acusación, los integrantes del grupo utilizaban teléfonos celulares y distintas líneas telefónicas para presentarse como Rosatti, invocar su condición de presidente de la Corte Suprema y requerir a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad información sobre personas detenidas. Con esos datos, contactaban a sus familiares y les exigían transferencias de dinero bajo el argumento de que debían pagar una fianza para obtener la libertad de sus allegados.
En otros episodios, también emplearon el nombre del magistrado para simular la representación de empresas privadas y anunciar falsos premios, como vehículos o servicios de telefonía satelital, a cambio de pagos por supuestos gastos administrativos.
La operatoria se apoyaba en una estructura de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para dar credibilidad a los llamados, los perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio Rosatti o de edificios judiciales y se identificaban con denominaciones como “Corte Suprema de Justicia”. También utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, entre ellos “poderjudicial.mp” y “poderjudicial.org.25”.
El llamado que dio origen a la investigación
El caso comenzó el 25 de noviembre de 2024, cuando el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) recibió una comunicación de un hombre que se presentó como “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El interlocutor explicó que estaba realizando un relevamiento junto a personal de una supuesta “Comisión de Derechos Humanos” y solicitó un listado actualizado de las personas detenidas en dependencias policiales. Requirió sus nombres completos, números de causa, tiempo de detención, condición de reincidentes y teléfonos de sus familiares.
El comisario que recibió el llamado sospechó de la comunicación y pidió un número telefónico para devolver el llamado. El interlocutor le proporcionó una línea con característica de 221 de la ciudad de La Plata. Cuando se comunicó, fue atendido por una persona que también simuló pertenecer a la Corte Suprema. Sin embargo, al preguntar por Rosatti, la comunicación se interrumpió. Luego, la jefa de seguridad de la Corte confirmó que el magistrado no había efectuado ningún requerimiento de esas características.
El jefe policial logró grabar el tramo final de la comunicación original. En ese registro, el falso juez Rosatti le dijo: “Escúcheme comisario. Estoy hace más de una hora con el tema este. Yo puedo entender que estén en un procedimiento, que estén de visita, pero no es mucho lo que se le pide. Simplemente el nombre, el apellido, el delito que tiene cada una de las personas que están a cargo de su jurisdicción y el número de teléfono del familiar […]. Creo que no es difícil. Lo escucho”. Cuando le indicó que debía formalizar el pedido mediante un oficio, cortó la llamada.
A partir de esa denuncia se dispusieron distintas medidas de investigación, entre ellas pedidos de informes a las compañías telefónicas, intervenciones de líneas y análisis de antenas. Esas diligencias permitieron establecer que el abonado utilizado para el llamado tenía actividad en las inmediaciones del Establecimiento Penitenciario N°7, dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Jujuy.
La investigación fue delegada a la fiscalía federal de Picardi, que avanzó sobre las comunicaciones y los dispositivos empleados para realizar las maniobras.
Los llamados se extendieron a dependencias de distintas provincias
Con el avance de la pesquisa se identificaron otros siete episodios en los que los integrantes del grupo habrían utilizado la identidad y la investidura de Rosatti para obtener información oficial sobre personas detenidas.
El 20 y el 22 de diciembre de 2024 llamaron, respectivamente, a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Santa Fe y Esquel de la PFA. En ambos casos se presentaron como Rosatti y solicitaron información sobre las personas detenidas y las condiciones de alojamiento.
El 27 de enero de 2025 se comunicaron con la Guardia de Prevención de una dependencia de Gendarmería Nacional. En esa oportunidad, el interlocutor dijo ser Rosatti y manifestó integrar una supuesta “Comisión de Control de Derechos Humanos para Centros de Detención No Penitenciarios”. Invocó una reestructuración del sistema carcelario federal que contemplaría traslados, libertades condicionales y excarcelaciones.
Con ese argumento, solicitó los nombres de las personas alojadas, sus causas, el tiempo de detención y los teléfonos de sus familiares. Incluso obtuvo el número particular de un comandante de la fuerza y le pidió que se comunicara con los allegados de los detenidos mientras mantenían una llamada en altavoz.
La maniobra fue advertida por el personal de Gendarmería, que alertó a los familiares. Algunos de ellos ya habían recibido llamados del supuesto magistrado, quien les exigía entre 600.000 y 800.000 pesos para gestionar la liberación de sus parientes, aunque ninguno accedió a pagar.
El 25 de mayo de 2025 llamaron a la DUOF Neuquén de la PFA para solicitar información sobre el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. El 23 de junio hicieron lo mismo con la Unidad N°50 del Servicio Penitenciario Bonaerense, con asiento en Batán, y al día siguiente se comunicaron con la Comisaría N°42 de la Policía de Río Negro.
El último de los ocho sucesos imputados ocurrió el 21 de octubre de 2025, cuando llamaron al Área de Seguridad Externa de la Unidad N°14 del Servicio Penitenciario Federal, en Esquel, y requirieron información sobre la cantidad de internos, procesados, condenados, próximos egresos y eventuales nuevos ingresos.
Las escuchas revelaron cómo funcionaba la maniobra
Uno de los elementos centrales de la acusación son las comunicaciones telefónicas interceptadas durante la investigación. En particular, una conversación del 2 de diciembre de 2024 permitió reconstruir con precisión la metodología que utilizaban.
En esa comunicación, uno de los imputados le contó a una interlocutora: “Ayer estuvimos tirando numerito, casi le pegamos a tres víctimas casi”.
A continuación, le explicó cómo debían realizar los llamados a las dependencias oficiales. Les indicaban que se comunicaban desde un juzgado y que, por pedido de un área de derechos humanos o violencia institucional, estaban haciendo un relevamiento de las personas detenidas.
El interlocutor detalló que debían preguntar cuántos detenidos había, si eran procesados o condenados y luego por “el nombre completo, la causa por la cual se lo está imputando […] y algún número de algún familiar que responda por él”.
Explicó que, una vez obtenidos esos datos, debían comunicarse con los familiares, presentarse como autoridades judiciales y ofrecerles la libertad bajo fianza. El dinero debía depositarse en una supuesta cuenta del Poder Judicial. “La fianza un millón de pesos. ¿Y cómo se puede pagar? Bueno, a través de la cuenta del Poder Judicial. Le damos el CBU, una cuenta fantasma”, describió el imputado en la escucha.
Para el fiscal, ese pasaje de la comunicación “describe con precisión las dos fases que luego se verificaron en los distintos episodios investigados”. Primero, conseguir información sobre personas detenidas y sus familiares mediante la suplantación de una autoridad judicial; después, utilizar esos datos para contactar a los allegados y exigirles dinero a cambio de una supuesta libertad o beneficio judicial.
Las escuchas también permitieron reconstruir cómo se distribuían los fondos. En una comunicación del 27 de noviembre de 2024, uno de los interlocutores le preguntó a una mujer si había recibido una transferencia y le ordenó: “Bueno, mové la plata esa de ahí”. En otra conversación de la misma jornada, indicó que una parte del dinero debía transferirse a una persona identificada como Arjona.
La organización contaba, además, con teléfonos que eran compartidos entre sus integrantes y se entregaban por turnos. En las comunicaciones se impartían instrucciones para mantenerlos ocultos y evitar que fueran encontrados durante los controles penitenciarios.
Dos estafas mediante falsos premios y una extorsión
Además de los llamados a dependencias oficiales, la acusación comprende dos maniobras de estafa y un episodio de extorsión en perjuicio de personas que fueron contactadas por los integrantes del grupo.
El primero de los hechos tuvo como víctima a un hombre al que, entre el 26 y el 27 de noviembre de 2024, le hicieron creer que había ganado un automóvil y que, para recibirlo, debía abonar distintos gastos administrativos.
En una de las comunicaciones, el interlocutor se presentó como presidente de la supuesta empresa y utilizó el nombre de Horacio Rosatti. También le indicó que buscara su nombre en internet para comprobar con quién estaba hablando y le aseguró que los pagos correspondían a la acreditación del vehículo, su retiro y un supuesto “estampillado judicial”.
Al caer en el engaño, el hombre realizó seis transferencias por un total de 429.500 pesos a una cuenta de Brubank cuya titular era la pareja del imputado C.M.A.A.
El segundo caso tuvo como damnificado a otro hombre, quien entre octubre de 2024 y agosto de 2025 recibió llamados y mensajes en los que le anunciaban que había ganado un premio de “telefonía satelital 4G”.
Los interlocutores se presentaban con distintos nombres, entre ellos Matías Pérez, supuesto director de la empresa; Horacio Rosatti y un abogado de apellido Rozetti. A medida que avanzaba el supuesto trámite, le exigían nuevos pagos bajo diferentes conceptos.
La víctima declaró que las sumas requeridas fueron aumentando y que nunca le precisaron cuál era el monto final que debía abonar. “Seguimos la corriente creyéndole de que ese premio era verdad, que nos iban a ceder cuando nosotros termináramos de pagar un cierto monto”. Para afrontar los pagos, su pareja incluso tomó un crédito bancario en Salta.
De acuerdo con la estimación realizada por la víctima e incorporada al requerimiento, el perjuicio económico de esta maniobra se ubicó entre los 9 y los 10 millones de pesos. Además de las transferencias, la víctima envió por encomienda tres electrodomésticos valuados en aproximadamente 1.800.000 pesos cada uno. “Mandamos algunos electrodomésticos porque no teníamos para pagar”, declaró el damnificado.
El tercer episodio fue una extorsión que tuvo como víctima a otro hombre que el 2 de junio de 2025 recibió una llamada de una persona que se presentó como el juez Horacio Rosatti y le informó que su hijastro, detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, había sufrido una convulsión.
Con ese argumento, le exigieron 400.000 pesos en concepto de una supuesta fianza para disponer su liberación. El damnificado realizó una primera transferencia por 200.000 pesos y al día siguiente, otras dos por 100.000 pesos cada una. Luego, otro interlocutor se presentó como un supuesto fiscal llamado “Alejandro Maldonado” y le reclamó otros 100.000 pesos por los honorarios de un asistente social, pero la víctima solo transfirió 50.000 pesos.
En total, entregó 450.000 pesos, que ingresaron a una cuenta identificada con el alias “poderjudicial.mp” y fueron derivados casi inmediatamente a otra cuenta vinculada con el entorno de uno de los acusados.
Los allanamientos y los teléfonos ocultos en las celdas
Los días 2 y 3 de diciembre de 2024, la División Unidad Operativa Federal Jujuy de la Policía Federal Argentina realizó allanamientos en el Pabellón A, Sector 1, del Establecimiento Penitenciario N°7.
En la celda que compartían S.A.L. y W.R.V. se encontró un teléfono celular Samsung Galaxy A01 oculto en el interior de un colchón. Se trataba del dispositivo en el que había funcionado la línea utilizada para el llamado inicial a la Policía Federal y para las comunicaciones con las víctimas de las estafas.
En otras celdas, entre ellas las de C.M.A.A. y R.A.R., se encontraron anotaciones con números telefónicos, CBU, alias y nombres de personas que aparecían en las comunicaciones interceptadas. También se secuestraron tarjetas SIM y teléfonos ocultos en colchones, zócalos y techos.
Las escuchas permitieron establecer que los integrantes del grupo advirtieron que se estaban realizando los procedimientos y dieron instrucciones para ocultar o retirar los elementos comprometidos. En una de las comunicaciones se informó que “le habían caído a Trompila”, apodo con el que identificaban a C.M.A.A. En otra, se advirtió sobre la presencia policial y se pidió que sacaran “el teléfono, las cuentas, todo”.
La fiscalía consideró que los hallazgos de los allanamientos, las anotaciones y el contenido de los dispositivos secuestrados corroboraron que los teléfonos y los datos de las cuentas circulaban entre los integrantes de la organización y eran resguardados para evitar los controles penitenciarios.
La operatoria, sin embargo, no terminó con esos procedimientos. Según la acusación, continuó durante los meses siguientes mediante otras líneas telefónicas y terminales. Los registros de las compañías, el análisis de antenas, las comunicaciones interceptadas y las nuevas denuncias permitieron vincular los episodios posteriores con la misma estructura.
La distribución de funciones y el circuito del dinero
Para Picardi, los cuatro imputados tuvieron intervenciones concretas y diferenciadas dentro de la organización.
C.M.A.A. y R.A.R. habrían estado principalmente a cargo de preparar y realizar los llamados, obtener y utilizar la información sobre las víctimas y recibir, derivar y canalizar el dinero conseguido o pretendido mediante los engaños y las exigencias.
Para ello, utilizaban cuentas y billeteras virtuales de personas de su entorno. La fiscalía identificó, entre otras, cuentas vinculadas con las parejas o allegadas de ambos acusados.
S.A.L. y W.R.V., por su parte, habrían tenido a su cargo la obtención, disponibilidad, guarda, circulación y ocultamiento de los teléfonos celulares, las tarjetas SIM y los demás medios de comunicación empleados en las maniobras. El fiscal destacó que el aporte de estos dos últimos no se limitaba a una colaboración preparatoria, sino que resultaba indispensable para la ejecución de los hechos.
En cuanto al circuito económico, la documentación bancaria permitió establecer que el dinero no se dirigía a cuentas desconocidas, sino a cuentas de personas vinculadas con los imputados.
La documentación bancaria permitió vincular las transferencias realizadas por las víctimas con cuentas de personas del entorno de C.M.A.A. y R.A.R. En el caso del primer estafado, las seis transferencias, por un total de 429.500 pesos, ingresaron en una cuenta de la pareja de C.M.A.A.; en el segundo, la mayor parte de las transferencias documentadas tuvo el mismo destino. Los 450.000 pesos entregados por el padre del detenido en Ezeiza ingresaron en una cuenta identificada con el alias “poderjudicial.mp” y luego fueron derivados a otra vinculada con el entorno de R.A.R.
La fiscalía también identificó otros movimientos económicos, recargas telefónicas y anotaciones de cuentas que, según sostuvo, permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y la disponibilidad de medios para canalizar los fondos.
A juicio y el pedido de indagatorias a tres mujeres
Al requerir que la investigación se dé por concluida y que el proceso avance a la etapa de debate oral, Picardi señaló: “En síntesis, los elementos reseñados permiten corroborar de manera suficiente, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, la existencia de elementos de cargo respecto de cada uno de los imputados. No se trata de indicios aislados, sino de constancias que provienen de fuentes independientes entre sí —comunicaciones interceptadas, allanamientos y secuestros, informes de las prestatarias telefónicas y de las entidades financieras, registros penitenciarios y declaraciones de las víctimas— y que, valoradas en conjunto, convergen sobre los mismos hechos y las mismas personas”.
El requerimiento también contempla la extracción de testimonios para que se investigue la posible participación de tres mujeres vinculadas con los imputados, cuyas cuentas habrían sido utilizadas para recibir o canalizar el dinero obtenido mediante las maniobras. El fiscal solicitó que sean convocadas a prestar declaración indagatoria, al considerar que su intervención podría exceder la mera recepción posterior de fondos y haber constituido un aporte necesario para la ejecución de los delitos.
Fuente: Ministerio Público Fiscal de la Nación