El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Baclini, enumeró sus prioridades: optimización informática, reformas procesales y auditorías. Además, se refirió a su trayectoria en el sistema acusatorio y a su visión sobre la reforma constitucional y de seguridad.
El ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Camilo Baclini, presentó los objetivos de su gestión al frente del máximo tribunal provincial. En una entrevista con el stream Política de El Ciudadano, Baclini detalló tres ejes principales: la optimización del sistema informático, los cambios procesales en materia civil, comercial, de familia, laboral y contencioso administrativo, y la implementación de auditorías.
Baclini nació el 7 de noviembre de 1966 en una familia de comerciantes de origen sirio-libanés. Ingresó al Poder Judicial en 1990 como empleado de mesa de entradas de un juzgado de instrucción, antes de recibirse de abogado. Se desempeñó como secretario, juez de instrucción, fiscal regional, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación y, desde marzo de 2025, ocupa el cargo de ministro de la Corte Suprema de Santa Fe. Además, es docente universitario de Derecho Penal en la UNR y de Derecho Procesal Penal en la Universidad Católica.
Respecto al sistema informático, Baclini afirmó: «Optimizar nuestro sistema informático en todo el Poder Judicial es muy importante. Nos va a dar ganancias en tiempos, en calidad y en reacomodamiento de los recursos humanos». Sobre los cambios procesales, sostuvo: «Tenemos que tener procesos en tiempos razonables. Un proceso no puede demorar más de un año. Y eso se logra con oralidad, con dos audiencias: una de admisibilidad de prueba y otra de producción de prueba. No necesitamos más nada».
En cuanto a las auditorías, el ministro planteó: «Necesitamos empezar a pensar en cómo auditar el funcionamiento de nuestro sistema». Y agregó: «No tenemos auditados nuestros procesos de trabajo. No sabemos dónde están los puntos negros, dónde están bien, dónde están mal, qué tenemos que optimizar. Entonces estamos todos con el ‘me parece que esto funciona bien’ o ‘me parece que esto funciona mal acá y acá y acá’. Y no podemos estar trabajando así. Tenemos que saber cuál es el nivel de falencia que tiene el sistema para poder optimizarlo y mejorarlo».
Baclini también se refirió a los plazos de planificación: «Hoy los tiempos no son la medición de tiempo que hablábamos antes. Antes decíamos: ‘¿Cuál es un plan de gobierno?’ Y bueno, me proyecto a cinco o 10 años. Hoy creo que nuestros planes de gobierno demandan una concreción en la velocidad de los cambios a dos años, a cuatro años, a seis y a ocho años. O sea, ir tomando ciclos de dos años», explicó. La razón, según dijo, es que la tecnología y la informática imprimieron un ritmo distinto a las transformaciones: «Los cambios sobre todo en lo que es la informática han generado una impronta diferente. Entonces hay que ir tomando esas proyecciones».
Sobre su conocimiento del sistema, afirmó: «Mi conocimiento del sistema es desde lo práctico, es mucho. Conozco desde un tribunal de instrucción hasta el Centro de Justicia Penal, hasta un montón de lugares de la provincia. Desde ese conocimiento creo que puedo dar mucho más».
Trayectoria en el sistema penal
Baclini relató que su carrera en lo penal comenzó en 1990, cuando pidió expresamente un juzgado penal y fue asignado a la mesa de entradas de un juzgado de instrucción. Allí, según sus palabras, aprendió la lección más importante de su carrera: saber decir que no. «Uno tiene que estar poniendo frenos y límites a un montón de situaciones. Creo que una de las principales cuestiones que aprendí es a decir ese no», declaró.
En 2007 asumió como juez de instrucción en el juzgado número 15 de Rosario. En 2014, con la implementación del sistema acusatorio, pasó a formar parte del Ministerio Público de la Acusación como fiscal regional de Rosario. Según sus propias palabras, fue «el periodo más crítico» de su carrera. «Arrancamos con 37 fiscales para toda la circunscripción y 11 empleados. Hoy hay más de 130 fiscales y más de 200 empleados».
Respecto a las diferencias entre ambos sistemas, explicó: «En el sistema anterior investigaba la policía. Nosotros lo que hacíamos era confirmar, ratificar todo lo que hacía la policía y veíamos si la causa tenía mérito para ir a juicio. En el sistema acusatorio, la dirección de la investigación la tiene el fiscal». Y agregó: «Antes había 25 políticas de persecución, porque cada juez definía la suya. Hoy está bajo una sola cabeza, que es el Ministerio Público de la Acusación, y eso es muy importante».
Baclini consideró que uno de sus mayores logros fue crear «una cabeza fiscal» en una provincia donde, según su visión, los abogados egresan con una formación fuertemente orientada a los derechos del imputado. «Todos salimos con cabeza de defensores. Y crear una cabeza fiscal donde le decís, ‘mirá, tenés que perseguir penalmente los delitos’ es un logro muy importante». Lo que quedó pendiente, reconoció, fue la creación de la Policía Judicial, una fuerza de investigación que dependa del Ministerio Público. «Esa policía hubiera elevado mucho el marco de investigación que los fiscales tienen que llevar. Di algunas improntas para impulsarlo, pero no lo pude lograr».
Reforma constitucional y de seguridad
Sobre la reforma de la Constitución provincial, Baclini sostuvo: «Fue algo hasta inesperado, y me parece que es muy importante lo que se ha logrado en términos de estándar de mejoramiento de derechos». Sin embargo, expresó una crítica concreta sobre la integración del Jurado de Enjuiciamiento: «La Constitución Nacional, en su artículo 114, y la Corte de la Nación en dos o tres fallos, requiere el equilibrio entre las fuerzas técnicas y las políticas. Y aquí en nuestra Constitución se establece un jurado de enjuiciamiento que tiene mayoría política. De 11 integrantes, hay tres diputados y tres senadores. Eso genera un desequilibrio político y no es bueno». En ese sentido, espera que la ley reglamentaria corrija esa distorsión estableciendo mayorías especiales: «Si las decisiones se toman por el 50% de los integrantes, la decisión siempre va a ser política. Se tiene que tomar por dos tercios o por el 60, 70 por ciento. Eso puede generar un equilibrio importante».
En relación con la sanción de la reforma de seguridad, Baclini afirmó: «El proyecto salió bastante fortalecido. Muchas de las objeciones y planteos que habíamos hecho fueron tomados». Valoró la eliminación del interrogatorio policial y de la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad declare zonas de emergencia por resolución: «Si la Constitución ya establece lo que es el estado de sitio, lo más correcto es que si se entiende que existe una zona que tenga esa necesidad, se disponga como corresponde por Constitución». También destacó la incorporación del derecho al abogado en la declaración informativa. Sobre el juicio en rebeldía, aclaró: «Salió demasiado amplio. Para mí debiera reservarse para casos más específicos donde el derecho a la verdad y el derecho a la justicia de las víctimas o de la sociedad sea una necesidad, y no que pueda llevarse a cabo cualquier caso donde hay un imputado prófugo».
