Ivana Esteban, integrante de la comunidad La Salud es de Todos, afirmó que un error de registro en la historia clínica de su madre la dejó fuera del proceso como querellante. Además, señaló que la Ley Nicolás está trabada en Senadores y que no hay asistencia para las familias excluidas.
A un año y ocho meses de que el caso del fentanilo adulterado saliera a la luz, Ivana Esteban, familiar de una de las víctimas e integrante de la comunidad La Salud es de Todos, visitó el stream Política de El Ciudadano para actualizar el estado de la causa. Según relató, la causa sigue sin respuestas para las víctimas y deja afuera a muchos por fallas del propio sistema de salud. Su madre recibió 353 ampollas contaminadas en el Hospital Italiano de Rosario, pero un error de registro en la historia clínica la dejó fuera del proceso como querellante.
“A mí el juez no me aceptó ser querellante el 26 de mayo. Emite una resolución donde dice que a mi mamá se le aplicaron 353 ampollas, pero por un error de registro de la institución médica, que no es el nombre de la bacteria sino el nombre de la enzima, el juez considera que no tengo legitimidad para estar en el proceso”, relató Esteban. Y agregó: “Lo peor es que está escrito en una resolución que dice además que las muestras bacteriológicas no las tienen, que las descartó la institución”.
El caso del fentanilo contaminado tiene un punto de inicio el 13 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata denunció el brote y las familias rosarinas empezaron a enterarse de que había lotes contaminados de ampollas de fentanilo, usadas para tratar el dolor y anestesiar en terapias intensivas.
Las cifras de la causa
Esteban explicó que por el momento hay 90 muertes y 48 sobrevivientes confirmados dentro del expediente, con nexo causal probado y reconocidos como víctimas por el juez de cara a un eventual juicio. Pero por fuera de esa lista hay un universo de personas que quedaron excluidas. “Cuando hablan de listas, hay un error. Yo hasta que la Cámara no decida que estoy afuera, no estoy afuera”, afirmó. Y señaló que a muchas familias les llegó la notificación del juzgado del doctor (Ernesto) Kreplak diciendo que su causa queda archivada porque no se puede probar el nexo causal, a razón de que la historia clínica no se entiende, estaba incompleta.
“Hay un gran número de personas que no tienen los medios porque hay que litigar en otra jurisdicción. No hay medios para litigar, no hay información, no hay redes de apoyo a nivel institucional. Si sos una víctima, estás en el supuesto en que la causa no está elevada a juicio todavía. Si vamos al objetivo, todavía no tenemos nada”, sostuvo.
La falla del sistema sanitario
El eje de su reclamo excede el laboratorio. “Ya no se puede hablar solo de fentanilo, hay que hablar de una falla de un sistema sanitario que falló a nivel nacional y provincial”, planteó Esteban. Y apuntó a las historias clínicas incompletas: “Si las historias clínicas no estaban completas y es el documento que va a aprobar el nexo causal, no podemos omitir que hay una ley de derechos del paciente que prevé que la historia clínica tiene que ser completa y más en estos casos donde será la prueba fundamental. En Santa Fe tenemos una ley de historia clínica electrónica que no se cumple”.
Esteban recordó que su madre estuvo 36 días en terapia y que hay gente en la comunidad que atravesó 15 o 20 días de internación. “Lo único que tenemos como red de contención es la misma comunidad. Nos tuvimos que inventar porque no había espacios para nosotros, y si hay espacios es para que cuentes el morbo, cómo murió, cuándo. Nosotros queremos contar otra cosa”.
Consultada sobre el rol del Estado, fue contundente: “¿Quién controlaba los sanatorios privados? ¿Quién se acercó a las víctimas para ver si necesitaban ayuda? No fueron las instituciones. Fuimos nosotros, las familias levantando la mano, poniendo el cuerpo”. Y agregó: “Nos cansamos de hacer pedidos. Hemos estado en la legislatura provincial, hace poco estuvimos en la Cámara de Senadores porque estamos empujando la Ley Nicolás, que habla de calidad y seguridad del paciente. Ya tiene media sanción en Diputados, pero está trabada en Senadores y no avanza”.
La Ley Nicolás y la falta de representatividad
La Ley Nicolás, impulsada por Gabriela Covelli -una madre que perdió a su hijo por una mala praxis-, pone el foco en el registro de eventos adversos, en no precarizar el trabajo médico y en la responsabilidad y el cuidado del paciente. Está promulgada a nivel nacional y muchas provincias adhirieron, pero en Santa Fe está trabada. “Cada vez que preguntamos nos dicen que están escuchando a todos los sectores. Nos recibieron en la legislatura, dimos testimonio, pero queda siempre ahí”, dijo Esteban.
Esteban también apuntó a la falta de respuestas del Ejecutivo provincial: “Venimos pidiendo entrevistas con el gobernador desde cuando arrancó todo esto, con la ministra de Salud, y tampoco fue posible. La Defensoría del Pueblo nos estaba ayudando a ver si conseguíamos una entrevista y en algún momento ya tampoco ellos nos responden. Es como que bajó la espuma y ahora todos se olvidaron”.
El antecedente del laboratorio
Esteban puso el foco en las señales de alerta que existían antes del brote: “Hablemos de un laboratorio que tenía 118 alertas, que tenía antecedentes en Rosario, cuyo titular salió beneficiado con un juicio abreviado en el 2018. Cuando íbamos al Congreso y le preguntábamos al director de una institución por qué compraban un fentanilo tan barato, decían que si está aprobado por Anmat compran al más barato. Pero en Rosario todos sabían quién era el titular. ¿Por qué se compraba ese fentanilo? Nadie se preguntó”. Y agregó: “Hay funcionarios de Anmat imputados, pero el ministro Lugones no fue llamado a dar respuesta tampoco”.
El impacto humano y la revictimización
“Yo llevé a mi mamá a que la curen y mi mamá salió muerta. No tuve respuestas. Yo voto, yo pago mis impuestos. Y estos señores y señoras que nos representan, ¿qué nos dicen en campaña? Que van a ser el puente. Bueno, que sean el puente cuando los necesitamos”, afirmó Esteban.
Sobre la lucha de los familiares, dijo: “Hay mucho desgaste. Éramos muchísimas más y después, cuando te llega la notificación diciéndote que te quedaste fuera de la causa, es como que alguien dice ‘ya está, para qué seguir’. Lo que te dice todo el mundo: ‘para qué vamos a seguir si nadie nos va a escuchar’. Esa es una realidad”. Y agregó: “Esto genera un trauma por cómo fallecieron las personas, por el destrato que sufriste, por la revictimización constante. Cuando no nos incorporan como víctimas de una tragedia sanitaria, ni siquiera como víctima de fentanilo, somos personas que perdimos a alguien, merecemos respeto, merecemos que por lo menos se nos tenga piedad”.
Consultada sobre si hay alguien acompañando a las familias que quedaron afuera, fue categórica: “No hay nadie. No hay ni asistencia. Estuvieron en un primer momento, cuando nosotros fuimos a buscarla. Hoy no hay nadie”.
El propósito: que algo cambie
A pesar del dolor, Esteban afirmó que la comunidad tiene un propósito que va más allá de la justicia individual: “Nuestro propósito ya no es buscar justicia. Nuestro propósito es que algo cambie”. Y explicó: “Mientras no tengas trazabilidad, mientras no exista una ley de trazabilidad, mientras las instituciones no se controlan, esto puede volver a pasar. Es lo único que nos mueve”. La ley de trazabilidad, que empujaron las familias junto a otras de Buenos Aires y La Plata, salió por unanimidad en Diputados después de un año y medio y ahora espera en Senadores.
“Yo ya perdí. A mí el daño ya me lo causaron. Pero yo como ciudadano que formo parte de una comunidad, que tengo sobrinos, que tengo padre, que tengo amigos, se me eriza la piel de pensar que le puede pasar lo que le pasó a mi mamá o a tanta gente. Necesitamos marcos regulatorios modernos. Hoy tenemos una legislación que no se ajusta a lo que necesita la Argentina”, sostuvo.
La hipocresía del sistema
Esteban cuestionó la selectividad de la Justicia: “Mi mamá recibió 353 ampollas en el cuerpo y yo no puedo ser querellante, pero el Hospital Italiano de La Plata sí pudo ser querellante en la causa, como también la Municipalidad de Rosario. Está bien que se pongan a disposición de la justicia, pero son parte del problema también. Cuando uno está a disposición de la justicia, la justicia debería también investigarlos y permitirnos a las víctimas ser parte del proceso. Hay mucha hipocresía”.
Y volvió sobre la falta de representatividad política: “Nosotros no generamos votos. Por eso nuestros objetivos son tan luchados. No tenemos millones de seguidores ni likes porque visibilizamos una tragedia, pero la gente no mira cosas tristes. Y los que podrían mirar, miran para otro lado”. Sin embargo, rescató el acompañamiento de personas de distintos espacios: “Nos acompañan muchas personas desde lo humano, pero a nivel espacios políticos no ha habido nadie”.
Un llamado a los legisladores
“Hay que insistir y hay que recordarle a la gente que los ciudadanos tenemos derechos. Siempre desde el respeto a la institucionalidad, rescatando que estamos en una democracia. Pero hay que levantar la mano y decirlo. Hay que pedir que nos representen. Y a los funcionarios públicos recordarles que tienen la obligación, porque son funcionarios públicos”, afirmó Esteban.
Consultada sobre por qué la dirigencia política no avanza, respondió: “También depende de la naturaleza de cada uno. Nosotras no elegimos esta situación. Mi mamá no muere porque estaba cometiendo un delito. Yo llevé a mi mamá a que la curen y mi mamá salió muerta. Entonces, ¿qué respuesta se te ocurre? Yo creo que hay que insistir y que hay que educar a la gente. Si viene educación cívica y uno a veces lo pasa de largo, los ciudadanos tenemos derechos”.
El pedido de una fecha de recordación
Esteban contó que la comunidad presentó en el Consejo Municipal un pedido para instituir el 13 de mayo como fecha para recordar a las víctimas del desastre sanitario. “El 13 de mayo de este año tuvimos que pedir que nos cedieran el Fontanarrosa para hacer un evento. Le pedimos al Concejo que intercediera para institucionalizar esa fecha. Pasó un año, nada. Volvimos a insistir, nos dieron un número de expediente. Nada. Y creo que tiene que ver con que no quieren que esto se vea, no quieren que se hable de la tragedia del fentanilo”.
