Una causa judicial indaga la adquisición de propiedades y el uso de vuelos privados por parte del funcionario nacional, a raíz de inconsistencias entre sus declaraciones juradas y los registros oficiales.
Una investigación judicial, a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, analiza una serie de operaciones vinculadas al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni. El eje principal es la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, adquirido por un monto declarado de 230.000 dólares. Según documentos del Registro de la Propiedad Inmueble, el 87% de la operación fue financiado por dos mujeres: Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo. La fiscalía investiga si actuaron como testaferros o si la maniobra buscaba evadir gravámenes.
También se investiga la compra de una casa en el country Indio Cua, a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Las expensas mensuales de esta propiedad, que ascienden a 700.000 pesos, contrastan con los ingresos declarados por el funcionario. Por ambas operaciones fue citada a declarar la escribana Adriana Nechevenko, quien además visitó la Casa Rosada en siete oportunidades entre 2024 y 2025.
Por otro lado, la Dirección Nacional de Migraciones aportó datos que contradicen las declaraciones públicas de Adorni sobre sus viajes. Mientras el funcionario sostuvo que su único viaje recreativo fue a Uruguay, los registros muestran itinerarios que incluyen Perú y Ecuador, con sospechas de un destino final en Aruba.
Además, se indaga el vínculo con el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública, por dos vuelos privados a Punta del Este facturados a su nombre. Aunque Adorni aseguró haber pagado su parte, no hay registros de transferencias que lo respalden. Una empleada de la empresa de aviación denunció hostigamiento para anular facturas y confirmó que los pagos se hicieron en efectivo. El juez Lijo dictó una prohibición de contacto de Grandio hacia la testigo.