Dos proyectos de ley buscan modificar la normativa vigente en salud mental y el régimen de pensiones por discapacidad. El oficialismo apunta a reactivar la agenda legislativa en las próximas semanas.
El Gobierno nacional ingresó al Senado de la Nación un proyecto de reforma a la ley de salud mental y otro a la ley de emergencia en discapacidad, con el objetivo de reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas. La estrategia fue definida este viernes tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada.
Las iniciativas ingresaron por la Cámara alta, donde el oficialismo cuenta con una mayoría sólida. Esta elección permitiría que el Senado sea cámara de origen, facilitando el trámite legislativo si surgieran modificaciones durante el debate en Diputados.
Con estos proyectos, el oficialismo busca retomar la iniciativa parlamentaria en la previa al informe de gestión del jefe de Gabinete, previsto para el 29 de abril. Paralelamente, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de otras normas, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y el proyecto conocido como «Hojarasca».
Detalles de la reforma a la ley de salud mental
Según el texto oficial, el primer proyecto tiene por objeto «asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria». Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que la iniciativa busca actualizar el marco normativo para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y proteger a pacientes y terceros.
El relevamiento previo para la reforma incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y actores judiciales y legislativos. Según las fuentes oficiales, se detectaron «dificultades concretas en la práctica diaria» que el proyecto intenta superar, clarificando conceptos y criterios.
Modificaciones al régimen de pensiones por discapacidad
El segundo proyecto enviado al Senado se centra en las pensiones no contributivas por invalidez. El Ejecutivo sostuvo en el mensaje que, entre 2003 y 2023, esos beneficios pasaron de 76 mil a aproximadamente 1.200.000. El gobierno afirmó que «la magnitud de la situación descripta generó una inevitable sospecha sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados».
El texto añadió que investigaciones y auditorías detectaron «una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales», mencionando «domicilios inexistentes» y casos en los que «no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos». Según el proyecto, esta situación «genera un injustificable dispendio de los recursos del Estado nacional» y afecta «la correcta asignación de los recursos».
La propuesta plantea crear herramientas específicas para «prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos».