El Ministerio de Justicia y Seguridad provincial estableció un procedimiento para intimar el pago a los responsables de falsas amenazas, buscando desalentar estos hechos y recuperar los recursos estatales utilizados en los operativos.
El gobierno de Santa Fe definió un protocolo para intimar a padres u otros responsables legales de los autores denunciados ante la Justicia por amenazas en establecimientos educativos. El Ministerio de Justicia y Seguridad confirmó nuevas medidas ante la ola de amenazas de ataques a tiros en escuelas, que incluyen la publicación de un procedimiento para cobrar los gastos de los operativos a estudiantes u otras personas denunciadas por estos delitos.
Según el ministro Pablo Cococcioni, un procedimiento básico para abordar este tipo de situaciones tiene un costo que oscila entre 5 y 6 millones de pesos. Ante el aumento de pintadas y mensajes de WhatsApp en la última semana, la provincia apunta a desalentar las falsas acciones intimidatorias mediante una intimación extrajudicial para recuperar ese dinero.
La Resolución 1.201/26 no solo plantea la necesidad de evitar las amenazas, sino que también define un mecanismo para garantizar la trazabilidad, previsibilidad y eficacia de las medidas para cubrir los recursos utilizados desde que ingresa una llamada al 911 hasta que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifica a los responsables.
A partir del análisis de la situación en diferentes instituciones, el gobierno santafesino armó un protocolo de recupero y resarcimiento de gastos y daños ocasionados al Estado provincial. La normativa se refiere específicamente a hechos de violencia, amenazas y conductas de riesgo en ámbitos escolares y espacios de socialización juvenil.
La resolución establece siete pasos para el cobro. En primer lugar, el MPA debe identificar a los autores, partícipes y adultos responsables en cada causa penal. Luego, la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio calcula los costos operativos, armando un legajo con informes técnicos, constancias de intervención de las fuerzas de seguridad y cartas de incidencias del 911, entre otros elementos que pueden ser empleados como prueba judicial.
El Departamento de Operaciones (D-3) de la Policía de Santa Fe determina los recursos humanos y materiales afectados, señalando si el operativo fue de baja, media o alta intensidad. El resultado varía si interviene la Brigada de Explosivos, la PDI, los bomberos u otra fuerza especial.
Finalmente, la Subsecretaría de Legal y Técnica confecciona una intimación de pago con un plazo improrrogable de cinco días. Los autores o sus responsables deben pagar mediante depósito o transferencia bancaria. La provincia se reserva el derecho de hacer un reclamo posterior por mayores gastos o daños. Si no se cobra, la Fiscalía de Estado queda habilitada para iniciar acciones judiciales por incumplimiento.
Según el relevamiento del Ministerio, la cantidad de amenazas en escuelas santafesinas sigue creciendo. Este martes se registraron 78 llamadas al 911 en toda la provincia por distintos tipos de mensajes intimidatorios. Fuentes oficiales añadieron que la Policía de Santa Fe hizo 158 intervenciones desde el 16 de abril en establecimientos educativos, abarcando grandes ciudades como Rosario y la capital, pero también pequeñas localidades.
Si bien el problema de las falsas amenazas es nacional, la provincia está en el centro de la escena por el antecedente del ataque a tiros en la Escuela Normal Superior 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, ocurrido el 30 de marzo. Desde entonces, no se registraron nuevos episodios de este tipo, pero crecieron exponencialmente las denuncias sobre mensajes intimidatorios que anunciaban agresiones con armas de fuego.
Funcionarios del gobierno santafesino remarcaron que cada caso será investigado judicialmente, ya que las pintadas o avisos por WhatsApp pueden derivar en una condena por intimidación pública.