La restricción temporal al acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada desató rechazos en el arco político, denuncias penales y presentaciones ante organismos internacionales y tribunales.
El Gobierno nacional mantiene su postura respecto a la prohibición momentánea del ingreso de trabajadores de prensa acreditados a la Casa Rosada, medida que generó el repudio de diversos sectores políticos. El conflicto escaló a nivel internacional y judicial: organismos de derechos humanos expresaron su preocupación y se iniciaron acciones legales para intentar revertir la disposición.
El pasado jueves, el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, explicó que la medida incluía “quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada” de forma preventiva, ante una denuncia de la Casa Militar por presunto espionaje ilegal a dos periodistas de TN. “El único fin es garantizar la seguridad nacional”, señaló el funcionario. Sin embargo, la indignación se extendió en ámbitos de la comunicación y el Congreso.
Ese mismo día, la diputada nacional Marcela Pagano, que integró el bloque de La Libertad Avanza, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, Lanari, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el jefe de Casa Militar, Sebastián Ibáñez. La causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos. “Es un hecho inédito desde el retorno de la democracia. La Casa Rosada no es propiedad privada y mucho menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”, afirmó la legisladora en su cuenta de X.
Este lunes, Pagano también presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el ataque del Gobierno al periodismo y la restricción de ingreso de la prensa acreditada a la Casa de Gobierno. «Que no te mientan con ‘falsos espionajes’, van contra tu derecho a informarte», sostuvo.
Paralelamente, el diario Ámbito Financiero promovió un amparo contra el Estado nacional para que se restituya el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada. La medida se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, a cargo del juez Walter Lara Correa. La demanda, que solicita una medida cautelar innovativa urgente y cuenta con el patrocinio del abogado constitucionalista Diego Armesto, fue presentada por NEFIR SA y Editorial Amfin SA, empresas responsables del medio. En ella se reclama que se habilite nuevamente el ingreso de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano.
El impacto también llegó a instancias internacionales. Amnistía Internacional alertó a la CIDH sobre “el deterioro de la libertad de expresión y prensa en Argentina”. La organización advirtió que, desde la asunción del presidente Javier Milei, se consolidó un clima de intolerancia estatal hacia la crítica, caracterizado por discursos estigmatizantes, desinformación, insultos, acusaciones de corrupción o criminalidad contra periodistas y medios, y campañas de hostigamiento amplificadas desde redes sociales y cuentas oficiales.
“Una prensa independiente y crítica es un pilar indispensable del Estado de derecho. Cuando las agresiones provienen de las más altas autoridades del Estado, el impacto no se limita a las personas atacadas: se proyecta sobre todo el debate público y genera un efecto de silenciamiento”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
La organización también expresó preocupación por el uso de acciones penales y civiles contra periodistas como mecanismo de presión y disciplinamiento. En particular, advirtió sobre el uso de demandas estratégicas contra la participación pública —conocidas como SLAPPs— que, aun cuando no prosperen judicialmente, generan desgaste económico, emocional y profesional, y producen un efecto inhibitorio sobre otras voces críticas.