La investigación por la desaparición de Alicia Godoy, de 38 años, llevó a la prisión preventiva de tres personas acusadas de extorsión y tenencia de drogas. La Fiscalía investiga un presunto apriete narco en la zona sur de Rosario.
La investigación judicial sobre la desaparición de Alicia Godoy, de 38 años, derivó este jueves en una orden de prisión preventiva para tres personas por extorsión y tenencia de drogas ilegales para la venta. Los investigadores creen que Godoy y su familia sufrieron un violento apriete narco en la zona sur de Rosario. La víctima fue vista por última vez el 4 de abril pasado.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicó que su casa en Flammarion al 4900 era utilizada para comercializar estupefacientes y que le reclamaban una deuda asociada a esta actividad. La Fiscalía Regional Segunda identificó a seis personas dentro de esta red de microtráfico como responsables de un secuestro extorsivo. Sin embargo, la jueza Luciana Vallarella rechazó esta definición y dispuso la recalificación legal bajo la figura de extorsión. Solo tres de ellas continuarán privadas de su libertad hasta el 13 de agosto en el marco del proceso penal.
Uno de los detalles más llamativos del caso que abordó la fiscal Paula Barros es el método atribuido al grupo delictivo para recuperar el dinero que reclamaban. Después de la desaparición, una chica menor de edad se encargó de ir a pedir la plata varias veces a la casa de la familia. La evidencia presentada por la funcionaria indica que la joven actuó de acuerdo a las órdenes impartidas por María Belén S. y Ana Laura S. para saldar una deuda de unos 150.000 pesos. Tras la audiencia en el Centro de Justicia Penal, ambas quedaron bajo prisión preventiva efectiva junto con Gastón D., uno de los supuestos vendedores que trabajaba en la vivienda.
La víctima desapareció hace casi un mes y desde entonces no hay novedades sobre su paradero. El MPA cree que los delincuentes se la llevaron de su hogar para pedir un rescate. El mismo día en que fue vista con vida por última vez, sus parientes fueron amenazados con armas de fuego por un grupo de personas armadas. Durante la jornada siguiente, la adolescente que estaba con ellos regresó y les dio los datos de las cuentas virtuales únicas (CVU) para que pagaran. En primera instancia, la familia entregó una bicicleta para tratar de saldar la deuda. Durante la noche del 5 de abril, uno de los habitantes del inmueble decidió hacer dos transferencias para las imputadas con el fin de frenar los aprietes. El cobro no fue suficiente para resolver el conflicto ni para destrabar la búsqueda.
La Fiscalía presume que las tres detenidas la retuvieron en una vivienda cercana, ubicada sobre Vuelta de Obligado al 4900. Allí operaron al menos hasta el 8 de abril, cuando uno de los allegados a Godoy recibió dos cartones escritos a mano con datos personales de integrantes de su entorno, algo que parecía demostrar que la estaban controlando para obtener información.
El último capítulo de la historia antes de los allanamientos pedidos por el MPA ocurrió el domingo 19 de abril en la zona antes mencionada. Dos familiares de Godoy fueron a la casa de Ana Laura S. a pedirle que se presentara ante las autoridades. En ese momento, la mujer reaccionó violentamente: tomó del pelo a una de las víctimas, le pegó y la tiró al suelo. Otras personas se sumaron a la agresión y empezaron a tirar objetos contundentes entre la tarde y la noche de aquella jornada. Mientras tanto, la imputada arrojó varias veces un cuchillo serrucho. La hermana de la mujer atacada trató de defenderla, pero Yonatan C. intervino y la golpeó. Este último también fue imputado por lesiones leves dolosas y amenazas coactivas. Tras la audiencia quedó en libertad, aunque debe presentarse una vez por semana ante la Justicia y tiene prohibido contactarse con las víctimas o testigos.
En paralelo con el avance de esta causa penal, la Fiscalía mantiene el pedido de colaboración para hallar a Alicia Isabel Godoy. La mujer de 38 años tiene contextura delgada y piel trigueña. El día que desapareció vestía una campera negra. Cualquier dato relevante para determinar su paradero puede comunicarse a través del 911 o las cuentas de redes sociales del organismo judicial.