La senadora santafesina fue denunciada ante la justicia federal por un grupo de referentes en derechos humanos, que señalan que su iniciativa se basa en un fenómeno sin sustento estadístico.
La senadora santafesina Carolina Losada fue denunciada penalmente por su proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes. La denuncia, presentada ante la justicia federal, fue encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos, y firmada por una larga lista de referentes en derechos humanos, entre ellos Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira, Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.
Los denunciantes acusan a Losada de llevar adelante “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales”. Asimismo, sostienen que el proyecto se apoya en un fenómeno “sin sustento estadístico”. Entre los delitos que se le imputan figuran coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos realizó un relevamiento de casos penales en distintas provincias del país durante el período 2023-2025. Sobre un total de 8.254.672 causas penales relevadas en 17 jurisdicciones, se iniciaron 7.517 investigaciones por falsa denuncia, lo que representa el 0,09% del total, y el falso testimonio representa el 0,025%. El informe concluye que “no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”.
La iniciativa de Losada no crea un nuevo delito, sino que propone endurecer las penas para figuras ya existentes en el Código Penal. En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto eleva la pena de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años, volviendo el delito no excarcelable. En falso testimonio, la pena pasaría de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.
El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan la iniciativa parte de la premisa de que existiría un aumento significativo de medidas judiciales en causas de violencia de género sin prueba suficiente. Sin embargo, quienes cuestionan el proyecto advierten que no existen estadísticas en Argentina que respalden una emergencia de denuncias falsas en ese ámbito, y que endurecer las penas podría producir un efecto inhibidor sobre las víctimas.