El abogado Ignacio Baños presentó una denuncia ante la justicia federal para que se investigue al Gobierno Nacional por un posible abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, tras la exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel del Tedeum del 25 de Mayo.
El abogado Ignacio Baños, en su carácter de ciudadano, presentó una denuncia contra el Gobierno Nacional por no haber invitado a la vicepresidenta Victoria Villarruel al tradicional Tedeum por el 25 de Mayo. En el escrito, el letrado solicitó que se investigue a la gestión de Javier Milei por los delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Baños, que actúa en representación propia, señaló que la denuncia se refiere a una posible “violencia institucional y discriminatoria” contra una mujer en el ejercicio de la vicepresidencia de la Nación. En el texto, aclaró que no pretende afirmar categóricamente la existencia de un delito ni imputar responsabilidad penal concreta, sino poner en conocimiento de la justicia federal una serie de circunstancias de público conocimiento que, según sostuvo, ameritan una investigación “seria, objetiva y exhaustiva”.
“En particular, corresponde determinar si la eventual exclusión de la Vicepresidenta de la Nación de un acto patrio, oficial y protocolar, pudo obedecer a una decisión funcional contraria a la normativa de ceremonial, a una omisión de deberes propios del cargo, o a una práctica de violencia institucional y/o discriminatoria contra una mujer que ejerce una de las más altas magistraturas del Estado argentino”, afirmó Baños en su presentación.
El abogado indicó que la investigación deberá dirigirse, sin perjuicio de la calificación definitiva que corresponda y de las responsabilidades personales que pudieran surgir, a establecer el accionar tanto de la Secretaría General de la Presidencia como de las áreas de Ceremonial y Protocolo de Presidencia, la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales, la Casa Militar, “o cualquier otro organismo o funcionario” que estuviera involucrado directa o indirectamente en la decisión que afecta a Villarruel.
Finalmente, Baños manifestó que se debe investigar el hecho “con la debida perspectiva institucional y de género”, conforme a la Ley 26.485, y determinar “la eventual responsabilidad penal” de los funcionarios o agentes públicos que hubieran intervenido, ordenado, consentido u omitido los actos funcionales pertinentes.