La jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena declaró nulo un allanamiento realizado por la PDI tras una balacera en Rosario. El gobierno provincial criticó la decisión y defendió el uso del sistema Lince.
El gobierno de Santa Fe cuestionó este jueves la decisión de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena, quien declaró nulo e inválido un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la modalidad de flagrancia virtual, a partir del sistema Lince, tras una balacera ocurrida el 19 de junio en la zona sur de Rosario.
Según informaron fuentes oficiales, el episodio se produjo durante esa madrugada, cuando dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de un domicilio ubicado en España al 7000, llegaron hasta una vivienda de Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Luego del ataque, regresaron al lugar desde el que habían partido.
Horas después, a partir del análisis integral de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia e integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y realizó un allanamiento bajo la figura de flagrancia virtual en el domicilio de España al 7000. En ese marco fue aprehendido un adolescente de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Posteriormente, la jueza declaró nulo e inválido el procedimiento.
La vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó que “una mirada garantista no puede estar por encima de las herramientas legales para combatir el delito”. También sostuvo que el trabajo de investigación duró 12 horas y que se pudo identificar a los implicados tras una balacera que “pudo haber terminado con una persona asesinada”.
Coudannes cuestionó que la magistrada haya descartado la validez del procedimiento y expresó: “No sabemos si la jueza desconoce esta herramienta o decidió omitirla en su sentencia. Ese mismo sujeto mañana podría matar a alguien”.
Asimismo, declaró que “hay un gobernador que invierte millones en tecnología, patrulleros y en fortalecer la capacidad operativa e investigativa de las fuerzas de seguridad, mientras una jueza, desde una mirada garantista, desconoce un procedimiento previsto en un protocolo vigente”. En ese marco, lanzó una crítica a la resolución judicial: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”.
Finalmente, Coudannes afirmó que la decisión de la jueza “interpela medidas jurídicamente avaladas que forman parte de un plan de seguridad robusto”, cuyo objetivo es “garantizar la convivencia ciudadana”.