Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) reveló que la recaudación fiscal de junio fue la más baja en dos décadas, mientras el endeudamiento de las familias alcanzó niveles récord. El saldo comercial acumuló USD 11.783 millones en los primeros cinco meses del año, el más alto en 36 años.
La economía argentina presenta una disparidad entre el desempeño de sus variables externas y la situación del mercado interno, según el último informe semanal del Instituto Argentina Grande (IAG). El documento detalla que durante los primeros cinco meses del año el saldo comercial acumuló USD 11.783 millones, el valor más alto de los últimos 36 años y superior al de todo el período 2025.
Este resultado estuvo impulsado principalmente por el sector de energía y combustibles, que registró un incremento interanual del 44,7% y un aumento del 526% en el saldo exportador neto. El dinamismo comercial permitió que las cuentas corriente y financiera cerraran mayo en terreno positivo, posibilitando al Banco Central (BCRA) comprar USD 10.634 millones en lo que va del año y reduciendo el riesgo país a 417 puntos, su nivel más bajo desde 2018.
No obstante, el informe señala que este flujo de divisas no se traduce en acumulación efectiva de reservas ni en mayor densidad productiva local. Las reservas internacionales crecieron solo USD 4.312 millones, el 41% de lo adquirido por el BCRA, debido a una filtración de recursos. La remisión de utilidades y dividendos al exterior registró un saldo negativo de USD 1.841 millones en cinco meses, máximo histórico desde 2003. A esto se suman USD 2.667 millones dolarizados por personas humanas en mayo y el uso de depósitos propios para afrontar vencimientos de deuda soberana por USD 4.300 millones en Globales y Bonares.
En el plano fiscal, junio cerró con una recaudación de $20 billones, una caída real del 7,3% interanual, la peor para ese mes en 20 años. Esta baja se explica por la reducción de retenciones al agro, que cayeron un 45,9% real, y por la contracción del IVA interno, que perdió $3,1 billones en el semestre debido al descenso del consumo masivo, y de los recursos de la seguridad social, que retrocedieron $1,4 billones por el deterioro del empleo formal y los salarios.
La actividad económica, medida por el EMAE, registró en abril una contracción del 1,5% mensual desestacionalizado, con un rebote interanual del 1,6% restringido al sector agropecuario y extractivo, que aporta divisas pero no genera empleo de calidad.
El informe también destaca una transferencia de costos hacia los hogares mediante impuestos y tarifas. A pesar de que el valor internacional del crudo retrocedió a niveles previos a la guerra, el precio de los combustibles en los surtidores se mantiene elevado. Desde el cambio de gestión, el impuesto nominal a los combustibles aumentó un 1346,9%, frente a una inflación acumulada del 312%, lo que implica que en julio se paguen casi $400 de carga impositiva por cada litro de nafta súper. Sin embargo, la recaudación extra no se destina a infraestructura vial: el gasto devengado por Vialidad Nacional cayó un 85% real en el semestre.
El acceso a la energía básica y los servicios se ha visto afectado. El valor de tres garrafas de 10 kg pasó del 2,8% al 6,2% de un salario mediano privado registrado, tras la eliminación de precios máximos y el congelamiento de subsidios que alcanzan al 39% de los hogares del país. La canasta básica de servicios (luz, agua, gas y transporte) para un trabajador formal subió de $61.219 en noviembre de 2023 a $177.907 en junio de 2026, un aumento real del 190%, lo que requiere trabajar 14 horas más por mes para cubrir la misma cobertura.
Como consecuencia, la mora familiar en el cumplimiento de créditos escaló al 12,1% en abril, el nivel más alto desde el fin de la convertibilidad, dejando a cerca de 7 millones de personas excluidas del sistema de financiamiento.