Diputados y senadores impulsan una agenda de emergencia y alivio fiscal para las pequeñas y medianas empresas, con expectativas de llevarla al recinto antes de que finalice el período ordinario de sesiones.
La situación de las pequeñas y medianas empresas gana espacio en la agenda de las dos cámaras del Congreso, con iniciativas que apuntan a atender las dificultades financieras, la caída de las ventas, el incremento de los costos y el deterioro del empleo.
La discusión, que incluye proyectos de emergencia económica y productiva, desendeudamiento y alivio fiscal, sigue adelante después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara una serie de medidas para el sector durante la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA).
En ese marco, Caputo anunció un paquete de medidas de alivio para las PyMEs, que van desde la suspensión de embargos de ARCA hasta mayo de 2027, más facilidades para regularizar deudas, compensar saldos a favor y financiar a la industria automotriz.
Además, Caputo anunció que el Gobierno propondrá a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzar en la eliminación del impuesto a los Sellos, con un esquema de compensación nacional equivalente a la mitad de la recaudación que resignen las jurisdicciones que adhieran.
Desde el ámbito parlamentario se criticó lo tardío de la respuesta a una problemática acuciante, pusieron los anuncios en el marco de severos cuestionamientos al rumbo económico, e insistieron con medidas más de fondo y con mayor alcance.
Observatorio
En ese sentido, el senador nacional por Santa Fe Marcelo Lewandowski lamentó «la falta de reacción y la demora del Gobierno Nacional para tomar medidas de alivio para las PyMEs».
Lewandowski recordó que en julio presentó un Proyecto de Ley para suspender embargos a MiPymes por un año, al tiempo que remarcó que lo dicho por Caputo «por ahora es un anuncio; hay que esperar a ver la letra chica en la reglamentación».
Sin embargo, advirtió que es un paliativo si no cambia el rumbo económico: «No hay mercado interno, la gente no tiene plata, no consume. Ajustan, recaudan menos y siguen ajustando».
Finalmente cuestionó el modelo «extractivista y exportador», que reduce el espacio para la industria nacional, los empresarios y el empleo. En ese mismo sentido, remarcó que impulsó varios proyectos «para promover inversiones y evitar cierres de PyMEs».
El legislador, junto a sus pares Jorge Capitanich, Alicia Kirchner y Mariano Recalde, encabezó una reunión informativa conjunta en la Cámara Alta donde se presentó el mapa interactivo sobre la situación de morosidad de Pymes y familias argentinas.
La plataforma revela que la mora alcanza al 17 % de las microempresas y a 645.000 monotributistas. El resultado es menos actividad, cierres de empresas, pérdida de empleo y mayores dificultades para afrontar las deudas.
En Diputados
En tanto, el movimiento parlamentario tiene como uno de sus principales ámbitos a la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, que preside el santafesino Pablo Farías.
Allí se vienen desarrollando reuniones con representantes de cámaras empresariales, federaciones provinciales y distintas ramas de la actividad económica, en busca de un diagnóstico común y de propuestas que puedan convertirse en una iniciativa legislativa.
La comisión tiene previsto avanzar el 17 de noviembre con un dictamen que pueda ser llevado al recinto, antes de que concluya el período ordinario de sesiones, el 30 de noviembre. En paralelo, existe una expectativa de que el Senado pueda producir una media sanción sobre iniciativas que luego sean compatibles con las propuestas que se discuten en Diputados.
Entre las medidas que se impulsan están suspender durante un año los embargos y juicios iniciados por ARCA contra las pymes que mantengan al menos el 90% de su planta de personal.
Además, establecer planes de pago accesibles para regularizar deudas tributarias; garantizar una estabilidad fiscal de 24 meses, sin creación de nuevos impuestos nacionales ni incrementos de alícuotas; reducir los anticipos del impuesto a las Ganancias y asegurar que el Estado pague en término sus obligaciones con las pymes proveedoras de bienes y servicios.
Estas propuestas se suman a un conjunto importante de proyectos presentados durante 2026, con diferentes alcances y enfoques, que tienen como denominador común la necesidad de establecer mecanismos extraordinarios de asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo la declaración de emergencia del sector.
A ese conjunto se agregan iniciativas para crear una Agencia Federal Pyme, establecer un régimen de promoción económica, facilitar la incorporación de cooperativas al régimen MiPyME y modificar aspectos de la legislación laboral y societaria.
Frente a los anuncios oficiales, que se presentan como un complemento del plan económico en curso, los proyectos parlamentarios se fundan en tratar de contrarrestarlo.
En ese sentido, buscan establecer obligaciones y mecanismos de mayor alcance y duración: suspensiones de ejecuciones fiscales, regímenes especiales de regularización de deudas, beneficios tributarios, asistencia financiera, estabilidad fiscal y compromisos para sostener el empleo.