El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por el discurso que brindó en el colegio ORT frente a alumnos de 4° y 5° año, en el que apuntó contra la oposición y el periodismo.
El presidente Javier Milei fue denunciado penalmente por el discurso que brindó en el colegio ORT frente a alumnos de 4° y 5° año, en el que apuntó contra la oposición y el periodismo. La presentación fue realizada por la organización Reset Republicano, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación. El caso quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de Comodoro Py.
Según la denuncia, el presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa.
Los abogados de la entidad manifestaron que Milei abandonó su deber de priorizar el interés público sobre el particular intercalando afirmaciones de corte partidario en su discurso y realizando declaraciones contrarias a la libertad y pluralismo políticos. Además, sostuvieron que omitió deliberadamente su deber primordial como jefe de Estado de ejecutar, respetar y garantizar las leyes de orden público que protegen la salud democrática y la integridad de las infancias.
También remarcaron que abusó de la relación asimétrica que la ocasión le atribuía para imponer a adolescentes teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo y que promovió entre adolescentes su conocido rechazo al periodismo.
Durante su disertación en el colegio ORT, el presidente volvió a cuestionar el rol de la prensa y arengó a los alumnos a abuchearla: ‘Si quieren hacerlo más fuerte se los voy a festejar’, dijo.
La denuncia también cita jurisprudencia argentina que establece que la palabra presidencial posee un efecto multiplicador y un peso institucional que no puede equipararse al de un ciudadano común. Según los denunciantes, al usar el aparato de comunicación estatal para propagar discursos de superioridad ideológica y conminar a menores de edad a participar de actos de repudio público, el mandatario desborda los límites de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico, perfeccionando la conducta típica prevista en la ley antidiscriminatoria.