El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, presentaron el proyecto de ley que el gobierno enviará a la Legislatura para establecer un marco integral de prevención y abordaje de la violencia por razones de género.
El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, y la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini, presentaron este jueves el proyecto de ley que el gobierno enviará a la Legislatura en los próximos días para delinear acciones integrales en materia de prevención y abordaje de situaciones de violencia por razones de género.
El objetivo es “reducir las cargas que se proyectan sobre la víctima”, cuyo testimonio será tenido en cuenta para la evaluación del riesgo. Competencia judicial universal y fondo de atención urgente.
La propuesta tiene como eje principal fortalecer las políticas de prevención y protección frente a las violencias por razones de género, a partir de un abordaje integral que permita anticipar situaciones de riesgo, mejorar las herramientas de intervención y articular las acciones de los distintos organismos del Estado.
La iniciativa busca establecer un marco integral para la actuación del Estado, fortaleciendo la articulación entre las áreas vinculadas a la prevención, protección y seguridad y promoviendo herramientas que permitan intervenir de manera temprana frente a situaciones que puedan derivar en hechos de violencia.
En la rueda de prensa que se desarrolló en Rosario, los funcionarios detallaron algunos puntos del proyecto impulsado por el gobierno de Maximiliano Pullaro, que consta de alrededor de 90 artículos con un hilo conductor: reducir las cargas que las situaciones de violencia proyectan, a veces desde el mismo Estado, sobre la víctima.
Principales puntos
El proyecto de ley que el propio Cococcioni definió como “osado y fuerte” propone pasar del análisis del hecho aislado a una política de gestión del riesgo.
Para ello se dispone un sistema de escalonamiento cautelar. Esto es que ante una situación de violencia, el Tribunal tendrá una gama de sanciones de intensidad creciente que van de medidas de conducta hasta restricciones digitales, desarme si hay tenencia de armas, y tobillera electrónica para el agresor.
Por incumplimiento de órdenes judiciales se evalúa la posibilidad de arresto conminatorio, que “no es frecuente en la Justicia no penal”.
“A medida que el agresor no cumple con las medidas, éstas se vuelven más duras”, advirtió el ministro e insistió en que “el incumplimiento es acumulativo: se registra y se utiliza para evaluar condiciones de riesgo”.
Además, se crea un equipo interdisciplinario con facultad de asesorar a los magistrados, emitir opinión fundada y proponer modalidades específicas de intervención.
El proyecto contempla un diseño procesal diferenciado, regido por la actuación de oficio: sí o si se debe recepcionar la denuncia de la víctima y poner en conocimiento de las autoridades judiciales.
Además, se consagra la regla de competencia judicial universal, es decir, que en una situación de emergencia, cualquier tribunal es competente.
Otra figura es la del contradictorio diferido: “Primero cautelamos y después discutimos”, dijo Cococcioni.
Cambia la forma de notificación: “Hoy, la persona denuncia que sufrió un hecho de violencia y le dan un papel para que lo lleve a la comisaría del domicilio del agresor o a su lugar de trabajo, lo que supone un riesgo”.
Con este proyecto, las medidas “rigen de inmediato y no hace falta la notificación. En caso de que la persona (agresora) sea renuente a aceptar las medidas que se le imponen, se puede enterar porque primero le ponen la tobillera y después la notifican”, ejemplificó.
Respuesta integral
Hay medidas para “reducir la carga tecnológica sobre la víctima: a partir de ahora es el agresor el que se tiene que cuidar y no la víctima la que debe gestionar la tecnología para autodefenderse”.
Por otra parte, el tribunal que recibe el caso tiene facultades ampliadas para resolver situaciones que corresponden a la víctima (medida de distancia, alimentación, régimen de comunicación con los hijos). Se apunta a que, frente a la violencia por motivos de género, la respuesta del Estado sea integral.
A su turno, Travaini evaluó que el proyecto de ley propone cambiar la mirada “que pasa de un modelo reactivo donde se va sobre el hecho ocurrido hacia un modelo integral y dinámico de la gestión de riesgo”.
En esa línea, se excluye la mediación y la conciliación para los casos de violencia de género, figura que aún subsiste en algunos ámbitos.
También se incorpora la evaluación del riesgo: “Se listan indicadores, pero el que consideramos innovador es que está especificada la percepción del riesgo expresada por la propia víctima”.
Para evitar la fragmentación en la respuesta del Estado, se propone crear un registro digital único interoperable que va a estar en el Ejecutivo.
Habrá un equipo interdisciplinario para el seguimiento de las medidas judiciales y su evaluación, que será obligatoria.
Además, las medidas no se tomarán por única vez, sino que son dinámicas y situadas: “Se deben analizar en el territorio donde transcurren”.
Otro ítem es la creación de un fondo provincial de apoyo urgente para personas protegidas. En ese punto, Travaini explicó que ya existe una asignación destinada, por ejemplo, al pago de pasajes, un arreglo en el domicilio donde se ejerció violencia, un alquiler, pero ahora “se robustece”.
Un punto central es el trabajo “codo a codo” que se propone con los municipios, a través de estrategias territoriales de prevención, detección temprana y difusión.