Cuatro fiscales federales expusieron la teoría del Ministerio Público Fiscal sobre el lavado de activos vinculado al tráfico de 321 kilos de cocaína. El juez Aurelio Cuello Murúa ordenó la prisión preventiva de Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y Maximiliano C. G. hasta el 12 de mayo de 2027.
Cuatro fiscales federales expusieron este lunes la teoría del Ministerio Público Fiscal en la causa que investiga el lavado de activos vinculado al tráfico de 321 kilos de cocaína de una avioneta procedente de Bolivia que aterrizó en Villa Eloísa en mayo pasado. La investigación está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y la delegación Regional NEA.
Los fiscales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra (PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Daniela Ghiorzi sostuvieron que Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y Maximiliano C. G. —un abogado de la localidad de Melincué—, con la participación de Guillermo B., llevaron adelante de manera organizada y habitual, desde al menos septiembre de 2025 hasta la actualidad, operatorias destinadas a convertir e integrar fondos de origen ilícito provenientes del tráfico de estupefacientes al circuito económico legal mediante la adquisición de bienes de diferente naturaleza, ocultando la procedencia ilícita del dinero y, en algunos casos, la verdadera titularidad de los bienes.
En el caso del abogado, también se le atribuyó formar parte del comercio de drogas en la zona junto a Manuel P. R., un sujeto que contaba con connivencia policial y a quien se le formalizaron los cargos el 28 de agosto pasado. Según los fiscales, esto se debe a su intervención en causas o representación de personas que forman parte del circuito de comercio local, así como su participación en la venta de sustancias junto a P. R.
Por otra parte, a Christian B. se le adjudicó actuar como prestanombre de sus hijos, Santiago y Juan Cruz.
A pedido de los representantes del MPF, el juez Aurelio Cuello Murúa ordenó la prisión preventiva hasta el 12 de mayo de 2027 para Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y Maximiliano C. G.
La investigación
Se trata de una ramificación de la investigación de la PROCUNAR que gira en torno a la hipótesis del lavado de activos de origen delictivo por parte de Santiago Emanuel B., Juan Cruz B. y Maximiliano C. G., con la participación de Guillermo B.
La integración de los fondos ilícitos se realizó mediante la adquisición de un fondo de comercio en la localidad de Melincué, así como otras operaciones tales como la compra de vehículos y el alquiler del inmueble, sin que los investigados pudieran justificar su capacidad económica para la realización de esas operaciones de envergadura.
Asimismo, la información obtenida de los teléfonos celulares luego de los allanamientos que tuvieron lugar el 25 de agosto permitió reconstruir cómo el abogado radicado en Melincué intermedió en muchas de esas mismas operaciones.
Por otro lado, según explicaron los fiscales, el abogado era una pieza clave dentro de la estructura criminal, actuando de manera coordinada y bajo las órdenes precisas de Manuel P. R. —que operaba en el circuito de comercio zonal de la droga—, no solo participando de la venta de drogas sino además favoreciendo a personas allanadas o detenidas que formarían parte de esa organización o serían al menos revendedores de P. R.