Un análisis de la consultora Zentrix indica que el proyecto de presupuesto 2027 contempla entre 5,93 billones de pesos sin asignación específica en Obligaciones a cargo del Tesoro, monto que cubriría el costo de aplicar la ley 27.795, estimado entre 2 y 3,65 billones de pesos. El Gobierno mantiene suspendida la norma mediante el decreto 759/2025.
La ley 27.795 de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre de ese año y ratificada por ambas cámaras un mes después, permanece sin aplicación. El Gobierno suspendió su ejecución en octubre de 2025 mediante el decreto 759/2025, con el argumento de la falta de financiamiento específico. La norma cuenta con nueve fallos judiciales que ordenan aplicarla.
Un análisis de Zentrix Consultora concluye que el proyecto de presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo al Congreso contiene los recursos necesarios para cumplir la ley. Según el informe, aplicar la norma requeriría entre 2 y 3,65 billones de pesos el año próximo, mientras que el proyecto incluye 5,93 billones de pesos sin asignación específica dentro de Obligaciones a cargo del Tesoro (Jurisdicción 91), el apartado que más crece respecto de 2026.
El informe calcula el costo sobre los 7,35 billones de pesos que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales. Cumplir lo exigible por la cautelar –recomposición de salarios y becas– costaría unos 2 billones en 2027. La aplicación completa de la ley, que incluye actualización de gastos de funcionamiento, financiamiento de hospitales universitarios, ciencia y extensión, requeriría entre 2,45 y 3,65 billones de pesos, según la base de cálculo. En todos los casos, el monto equivale a entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027 y a entre el 0,14% y el 0,26% del PBI.
El documento señala que la Jurisdicción 91 pasó de 5,6 a 14,8 billones de pesos, un aumento del 164%. Más de la mitad de ese monto, 7,68 billones, figura como «otras asistencias financieras», sin beneficiario definido. Tras descontar la reserva para aumentos salariales de la Administración Nacional (1,45 billones) y lo ya destinado a universidades (0,30 billones), quedan 5,93 billones sin asignación específica. El costo máximo de la ley completa equivale al 62% de ese monto. El informe sostiene que no se trata de gasto nuevo, porque los fondos sin asignación específica ya están contabilizados en el gasto total para el año.
El artículo 5 de la ley 24.629, en el que se apoya la suspensión decidida por el Gobierno, frena una ley de gasto solo «hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional». Si el Congreso incorpora la partida al tratar el Presupuesto 2027, el fundamento del Decreto 759/2025 dejaría de existir, según el análisis.
Un informe del Centro de Estudios de Economía Política (Cepa) indica que entre los presupuestos de 2025 y 2023 la caída en términos reales de los recursos para las casas de estudios fue del 25,2%. Si se compara 2023 con el presupuesto vigente en 2026 hasta el 14 de octubre, en pesos constantes y con proyección de inflación hasta diciembre basada en el Presupuesto 2027, la reducción acumulada es de 22,0% respecto del inicio de la actual gestión nacional. El Proyecto de Presupuesto para 2027 prevé un crecimiento real de 1,2% en comparación con el crédito vigente para 2026, pero se ubica 21,1% menos, en términos reales, que los niveles de 2023.
En términos salariales, desde el inicio del Gobierno de La Libertad Avanza y hasta septiembre pasado, los ingresos de docentes y personal no docente de las Universidades Nacionales registraron una pérdida de poder adquisitivo del 24,2%. El Presupuesto 2027 aumenta la partida para «recursos humanos», pero su ejecución total o parcial queda supeditada a la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Capital Humano.
El acuerdo de junio cortó 19 meses de caída salarial, pero el salario real sigue 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, unos 10.000 docentes renunciaron en ese período, y en 2025 la ejecución real de ciencia y técnica universitaria equivalió al 38% de la de 2023.
A mediados de enero pasado, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para modificar la ley, que no fue tratado en comisiones en la Cámara de Diputados. El 6 de octubre pasado, un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, en una sentencia que el Gobierno apeló. La Corte Suprema dejó firme en junio una cautelar que ordena cumplir los artículos de salarios y becas.