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La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad una comunicación que solicita al Ejecutivo provincial un mecanismo de control técnico permanente en el predio de Ar Zinc S.A. (ex Sulfacid), junto a la barranca del Paraná, en línea con medidas judiciales dispuestas por el Juez Penal Eugenio Romanini.
La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe aprobó por unanimidad una comunicación que solicita la intervención del Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático o del organismo competente, en una planta industrial de la ciudad de Fray Luis Beltrán.
El proyecto fue impulsado por el senador Armando Traferri y refiere a una orden judicial sobre Ar Zinc S.A. (ex Sulfacid). La minuta pide que se «establezca un mecanismo y/o dispositivo de control técnico especializado y de seguimiento permanente en el predio de Ar Zinc S.A. (ex Sulfacid), en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución de la Provincia de Santa Fe y la normativa ambiental vigente, y teniendo especialmente en consideración las recientes medidas judiciales dispuestas por el Dr. Eugenio Romanini, Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial N° 12 de San Lorenzo».
El legislador justicialista sostuvo en los fundamentos que «la problemática que presenta este predio constituye una preocupación que venimos señalando desde hace varios años» en la Cámara. Recordó tres proyectos presentados en 2019, 2020 y 2025, «además de acompañar a las autoridades locales en las distintas gestiones realizadas ante organismos nacionales y provinciales», con idéntico fin.
Traferri afirmó que «tenemos conocimiento de que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, viene interviniendo en relación con esta problemática ambiental, mediante distintas acciones, gestiones y presentaciones judiciales, circunstancia que surge de la información recibida en esta Cámara a instancias de pedidos de informes de mi autoría».
«Por ello -prosiguió-, la propuesta que hoy presentamos no pretende constituirse en una crítica a las acciones que se vienen desarrollando, sino, por el contrario, en un aporte que permita acompañar y fortalecer las gestiones realizadas».
El senador explicó que se busca incorporar «un mecanismo concreto de control técnico y seguimiento que contribuya a garantizar la presencia permanente del Estado en esta etapa y brinde mayores certezas a la comunidad, particularmente a los vecinos de Fray Luis Beltrán, respecto de las acciones de remediación y mitigación que se desarrollen en el lugar».
Ar Zinc S.A., conocida en la región como la ex Sulfacid, fue durante décadas una de las empresas emblemáticas del cordón industrial. Fundada en la década de 1950 e incorporada a la firma internacional Glencore en el año 2005, fue la única fábrica de zinc electrolítico de la Argentina y una de las principales de la región, según recuerda Traferri.
«En el año 2016 cerró sus puertas, dejando a 400 trabajadores sin su fuente laboral. Sin embargo, las consecuencias de aquel cierre no se limitaron a su impacto social y económico: en el predio que ocupaba la planta permanecen residuos derivados de la actividad industrial desarrollada durante décadas», señaló.
«La peligrosidad de los materiales existentes en el lugar es conocida y ha sido objeto de preocupación por parte de las autoridades locales y de la comunidad. Entre los residuos identificados se encuentran jarosita, plomo, arsénico y otros metales pesados, en volúmenes de gran magnitud».
«A esta situación se suma la ubicación del predio, lindero al río Paraná, y las condiciones de estabilidad de la barranca, circunstancias que justifican la necesidad de extremar las medidas de prevención, control y seguimiento por parte de la Provincia», insistió.
En este contexto, consideró «necesario que el Estado provincial despliegue todas las herramientas que se encuentren a su alcance para garantizar un seguimiento permanente de las condiciones ambientales y de las tareas que se desarrollen en el predio, procurando prevenir cualquier situación que pueda generar riesgos para el ambiente y para la población».
Subrayó que la incorporación de la cuestión ambiental al nuevo texto de la Constitución de Santa Fe constituye «un marco institucional que refuerza la responsabilidad del Estado en esta materia».
«En este sentido, me enorgullece haber participado como convencional constituyente en la Reforma Constitucional de 2025 y de haber acompañado con mi voto la incorporación de derechos y principios vinculados con la protección ambiental», entre ellos «los establecidos en el artículo 33, que reconoce al ambiente como un bien colectivo y establece que la Provincia debe desarrollar políticas públicas de protección con fundamento en los principios de prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad y no regresividad, responsabilidad y solidaridad».
«Es precisamente desde esos principios que entendemos que resulta necesario fortalecer la presencia y el seguimiento del Estado provincial frente a una problemática, que posiblemente, sea la que actualmente representa la mayor amenaza de desastre ambiental en Santa Fe», concluyó.