Salvador Alejandro Emmolo, de 38 años, utilizó su credencial de legítimo usuario para adquirir armamento y venderlo de forma clandestina. La Justicia lo sentenció por provisión ilegal de armas agravada por habitualidad.
Un carnicero santafesino identificado como Salvador Alejandro Emmolo, de 38 años, fue condenado a cinco años y medio de prisión de cumplimiento efectivo por proveer armas de fuego al mercado negro. La sentencia fue dictada por el juez penal Nicolás Falkenberg, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado y le impuso además una inhabilitación especial por diez años para ser legítimo usuario ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
El fallo se produjo tras el procedimiento abreviado presentado por la fiscal Juliana González, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), con la conformidad del abogado defensor particular Luis Miguel Massot. El imputado prestó su consentimiento expreso desde la unidad penal donde permanece alojado desde diciembre del año pasado.
Durante la audiencia, la fiscalía acreditó que Emmolo aprovechó su registro oficial para adquirir armamento a su nombre con el fin de desviarlo hacia personas no autorizadas, y que realizó estas maniobras comerciales con fondos de origen desconocido que no pudo justificar legalmente.
La investigación penal preparatoria reveló que Emmolo registró a su nombre once armas de fuego de diversos calibres, entre ellas pistolas 9 milímetros, calibre 380 y calibre 40, revólveres 357 Magnum, escopetas y carabinas. Sin embargo, el armamento no se encontraba en el domicilio que había declarado.
El 3 de diciembre de 2025, efectivos de la Policía Federal Argentina e inspectores de la Anmac allanaron su vivienda de calle Gorostiaga al 4200. En el inmueble solo hallaron dos de las siete armas que debían estar allí: un revólver Taurus y una escopeta. Las cinco restantes habían sido volcadas al circuito clandestino.
El legajo fiscal indicó que de cuatro armas que Emmolo había denunciado como sustraídas en años previos, tres terminaron incautadas en causas criminales de gravedad. Una pistola calibre 40 apareció en un caso de violencia de género, mientras que una pistola 9 milímetros fue secuestrada a un convicto.
Asimismo, un revólver calibre 357 Magnum registrado a su nombre fue secuestrado en el marco de la investigación por un homicidio agravado en Santa Fe, cuyo autor material ya fue condenado a 32 años de prisión.
La evidencia principal surgió del peritaje informático realizado sobre su teléfono celular secuestrado. En las extracciones forenses se hallaron decenas de conversaciones de mensajería instantánea que el acusado mantenía bajo la cuenta identificada como “Carnicería Ale”, el negocio que explotaba en su casa.
A través de dicha aplicación, el comerciante ofrecía a distintas personas armas cortas y largas, enviaba fotografías de las piezas y pactaba montos de dinero en efectivo. Incluso instaba a terceros a tramitar la condición de legítimo usuario para facilitar la compraventa y el traspaso ilegal del material.
La pesquisa descartó la coartada propuesta, de que no habría tenido las armas consigo porque las había prestado a conocidos, debido a que se comprobó que las autorizaciones estaban vencidas y que las inspecciones en domicilios de allegados dieron resultado negativo.
Al dictar la sentencia condenatoria, el juez Falkenberg dio por acreditada la materialidad de los hechos y la habitualidad delictiva del imputado, y dispuso el decomiso definitivo y posterior destrucción de las armas y municiones secuestradas.