Por incumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.
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Los docentes universitarios vuelven al paro. La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) anunció una medida de fuerza de 72 horas para los días miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, en reclamo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro salarial del sector.
La decisión fue adoptada por el Congreso Extraordinario de Conadu Histórica, que se reunió el pasado 30 de octubre con la participación de 84 representantes de asociaciones de base de todo el país.
En ese ámbito, se resolvió dar continuidad al plan de acción gremial “en defensa de la universidad pública y los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria”.
Deterioro salarial y falta de respuestas
“Ante el profundo deterioro salarial y la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritarias y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”, expresaron en un comunicado.
La decisión de Javier Milei sobre el presupuesto universitario
El conflicto con el Gobierno Nacional se reavivó luego de que Javier Milei promulgara la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, pero decidiera suspender su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento.
La normativa —sancionada con amplio consenso legislativo y cuyo veto presidencial fue rechazado por dos tercios de ambas cámaras— busca garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el país. Además, obliga a que el presupuesto se actualice automáticamente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
El decreto presidencial que frenó la aplicación de la ley estimó que entre mayo y diciembre de 2024 la variación del IPC fue del 34,89 %, lo que implicaría un costo adicional de más de $123 mil millones para el ejercicio actual. Para 2025, el gasto proyectado asciende a $1,06 billones, y para 2026, a $2,008 billones.
Fuente: Aire de Santa Fe
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