Cuatro personas fueron imputadas y recibieron prisión preventiva por integrar una organización que trasladaba estupefacientes desde la frontera norte hacia el sur del país, en operativos coordinados por la PROCUNAR.
El fiscal general Eduardo Villalba y la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, de la oficina regional NOA de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), formalizaron la imputación de cuatro personas acusadas de integrar una organización que transportaba estupefacientes desde la localidad salteña de Aguas Blancas hacia el sur del país.
En una audiencia celebrada el 13 de abril, el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dictó la prisión preventiva para los imputados H.M.P., R.A.P., J.M.S. y A.N.J., como presuntos coautores del delito de transporte agravado de drogas. Las detenciones se produjeron el 11 de abril en una serie de allanamientos simultáneos ejecutados por el Centro de Operaciones Antidroga de la Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, desde donde la banda dirigiría sus actividades.
La investigación se enmarca en una actuación coordinada entre la PROCUNAR, a cargo del fiscal federal Diego Iglesias, su oficina regional NEA a cargo del fiscal federal Matías Scilabra, y la Sede Fiscal Descentralizada San Lorenzo (Santa Fe), encabezada por el fiscal federal Claudio Kishimoto.
Los procedimientos surgieron de dos casos vinculados. Por un lado, la PROCUNAR NOA investigaba el hallazgo de 13 kilos de cocaína el 30 de agosto de 2025 en General Pizarro, Salta, donde tres personas fueron detenidas. Por otro, la oficina regional NEA de la PROCUNAR y la sede de San Lorenzo investigaban el transporte de 18 kilos de cocaína descubiertos el 5 de julio de 2024 en Luis Palacios, Santa Fe, ocultos en el tanque de combustible de un vehículo. En ambos episodios, los detenidos viajaban acompañados por menores de edad, presuntamente para disimular el motivo real del viaje.
El análisis de teléfonos celulares secuestrados y técnicas de investigación permitió establecer nexos entre ambos casos, revelando una estructura criminal familiar que coordinaba los transportes. La droga se obtenía en la frontera de Salta con Bolivia, se ocultaba en tanques de combustible de vehículos adquiridos en una concesionaria de Tucumán y luego se distribuía a otros puntos del país.
En la audiencia, la fiscalía presentó mensajes y chats obtenidos de los teléfonos donde los implicados se alertaban sobre controles en las rutas. Pese al pedido de la defensa de arresto domiciliario, el juez Bavio consideró los argumentos de la fiscalía sobre la gravedad del caso, los riesgos de fuga y la alta escala penal, y otorgó la prisión preventiva. Los máximos responsables de la organización, que se encuentran prófugos, tienen pedido de captura internacional.