El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial calificó como inconstitucional el decreto 253/2024 del presidente Javier Milei, que habilita el traspaso de rutas nacionales a las provincias y la instalación de peajes. La medida genera controversia en Santa Fe, que reclama el control de la ruta A012.
En los últimos días, se publicó en el Boletín Oficial el decreto firmado por el presidente Javier Milei, el número 253, que habilita la provincialización de rutas nacionales. El gobierno de Santa Fe viene reclamando el traspaso de rutas nacionales que atraviesan la provincia, entre ellas la A012, que presenta un estado pésimo.
Sin embargo, la reciente medida de Milei, que prevé la instalación del sistema de peaje a los automovilistas para financiar obras y también el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad, generó una mirada negativa de Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), quien directamente la tildó de “inconstitucional”.
En declaraciones a LT8, Lasca subrayó: “De esta forma, vamos a volver al sulky o a andar en carros. Nos van a rodear de garitas por todos lados. Hay que recordar que con el nuevo plan de la Red Federal de Concesiones, sobre 9 mil kilómetros concesionados se agregaron 50 nuevas estaciones a las 40 actuales, es decir habrá un peaje cada 90 kilómetros”.
“Ahora salen a provincializar rutas nacionales, a las que les pondrán peajes por todos lados. Y a eso hay que sumarles las leyes que están sacando en Río Negro, Entre Ríos, etc., para poner peajes provinciales, como existe en Santa Fe. Es increíble y claramente inconstitucional. No hay camino alternativo, hay doble imposición. No se puede entender cómo nos esquilman de esta manera”, destacó Lasca.
El titular del Conaduv también se refirió a la obtención de fondos para mantener las rutas. “El dinero está. Lo hemos dicho mil veces, es el dinero del impuesto a los combustibles que cada gobierno desvía para cualquier fin menos para obras de infraestructura. Además, hay impuestos a los neumáticos, lubricantes, retenciones agropecuarias”, precisó.
“El expresidente Carlos Menem intentó disolver a la Dirección Nacional de Vialidad y no lo logró. Entonces, este decreto de Milei es una forma de quitarle las rutas a Vialidad Nacional, de no enviar los fondos para que entonces el organismo quede como algo residual. Vialidad Nacional no es corrupta. Corruptos son los funcionarios que ponen cada gobierno a la cabeza de Vialidad. En el organismo hay excelentes profesionales, técnicos, personal de carrera que trabaja en la nieve o con el calor. No es justo que le peguen a la gente de Vialidad con todo, cuando no son los responsables de que las obras no se hagan”, indicó.
Lasca adelantó que desde el Conaduv harán una presentación ante la Justicia atacando la validez constitucional del decreto de Milei. “Primero se cuestiona por la doble imposición, la falta de caminos alternativos, el traspaso de las rutas alegremente cuando se tratan de dominio público, no son de ningún presidente ni de ningún gobernador”, aclaró Lasca. Además, adelantó que pedirán una reunión en la comisión de Obras Públicas del Congreso y de Defensa de Usuarios y Consumidores “para ver si los legisladores se ponen a trabajar sobre este tema”.
Tal como lo anunció La Capital el 17 de abril pasado, el gobierno nacional ya no se hará cargo del mantenimiento y modificación de las rutas nacionales en Santa Fe. Ese día se oficializó la delegación de las obras públicas y se abrió formalmente el camino para reparar la ruta A012, así como otros corredores. El decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, habilita a la provincia para hacerse cargo de la licitación de concesiones por peaje. La normativa permite la intervención de empresas privadas, mixtas o entes públicos en la administración, ampliación y mantenimiento de los caminos.
El decreto 253/2026 establece una serie de restricciones y requisitos importantes para aprobar las licitaciones en este nuevo marco legal. Entre ellos, la provincia no podrá impulsar concesiones junto con otras rutas o tramos de otra jurisdicción, algo que atenta contra el plan de reacondicionamiento del segundo anillo vial del Gran Rosario para mejorar el acceso a los puertos del cordón industrial. Cuando el convenio esté aprobado, el gobierno santafesino tendrá un año para finalizar la licitación y elegir quién se hará cargo de la obra pública por peaje. A continuación empezará a regir un segundo plazo de 90 días hábiles para la toma de posesión del corredor.