La defensora general de la provincia, Estrella Moreno Robinson, presentó este jueves ante la Legislatura el Informe Anual 2025 del Ministerio Público de la Defensa, en el que advirtió sobre la desigualdad de recursos con el Ministerio Público de la Acusación y cuestionó la exclusión del organismo del futuro Centro de Justicia Penal.
La defensora general de la provincia de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson, presentó este jueves ante la Legislatura el Informe Anual 2025 del Ministerio Público de la Defensa (MPD). La exposición se realizó en la Cámara de Senadores y contó con la participación del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y de la presidenta de la Cámara baja, Clara García.
“Me embarga la emoción y agradezco la presencia”, expresó Moreno Robinson al iniciar una exposición que se extendió durante más de una hora. La funcionaria repasó los principales indicadores de gestión de un documento de 270 páginas dedicado a analizar el funcionamiento de la Defensa Pública durante 2025.
“Hoy estamos en este espacio rindiendo cuentas, en cumplimiento de una obligación constitucional”, sostuvo. Definió la presentación como una herramienta de “transparencia activa” y explicó que el informe busca ofrecer información objetiva para evaluar el desempeño institucional y proyectar mejoras futuras.
Uno de los ejes centrales de la exposición fue la situación estructural de la Defensa Pública y la diferencia de recursos respecto del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Moreno Robinson sostuvo que al asumir encontró una institución con escasa información sistematizada y con una dotación de defensores insuficiente. Según detalló, al inicio de su gestión el MPD contaba con 73 defensores frente a 199 fiscales. Esa disparidad comenzó a reducirse a partir de diciembre de 2025, cuando juraron 19 defensores públicos adjuntos subrogantes. Actualmente la provincia cuenta con 218 fiscales y 92 defensores públicos.
“Cuando crece el número de fiscales, eso trae un aumento de causas para la Defensa”, remarcó. También lamentó la falta de herramientas informáticas adecuadas para producir estadísticas.
En el capítulo de justicia penal juvenil, informó que entre julio y diciembre de 2025 la Defensa Pública intervino en actuaciones vinculadas con 873 adolescentes individualizados. “No son números; son historias de vida”, sostuvo. Reconoció limitaciones: “A veces sentimos mucha soledad porque las leyes prescriben dispositivos que en la práctica no están”. Señaló que la futura implementación de la ley de baja de imputabilidad representará “otro reto más”.
Durante su informe, destacó el incremento de la actividad judicial: la comparación entre 2024 y 2025 muestra un crecimiento cercano al 20% en la cantidad de audiencias realizadas. El 75% de las audiencias penales celebradas en la provincia cuentan con participación de la Defensa Pública. También participó en tres juicios por jurados ya concluidos y en cinco audiencias preliminares vinculadas a ese modelo procesal.
Hacia el final, Moreno Robinson abordó el conflicto con la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por la utilización del nuevo edificio anexo de tribunales, conocido como Centro de Justicia Penal. Recordó que en 2021 se había informado al organismo la asignación de 1.030 metros cuadrados dentro del complejo, sobre cuya ocupación se avanzó con tareas de planificación e inversión de recursos. Cuestionó la decisión posterior de excluir a los ministerios públicos del futuro edificio. “Lamentablemente no fue una decisión consensuada”, afirmó. “Fue difícil porque no entendimos la razón”, agregó. Explicó que el MPD promovió un recurso de revocatoria y posteriores presentaciones administrativas que hasta el momento no obtuvieron respuesta.
“Soy una persona de bien y tengo una responsabilidad. Si la Constitución dice que es un edificio de la Defensa, tengo la obligación de solicitarlo”, concluyó. Definió el presente del organismo con la frase: “La Defensa es un equipo pequeño, pero fuerte”.