Empleados de la empresa contratista JG Comunicaciones, con base en Rosario, iniciaron una medida de fuerza por el incumplimiento en el pago de sus haberes, que en el último mes se redujo a un 30 o 40 por ciento del total.
Empleados de la empresa JG Comunicaciones, con sede en Rosario, están de paro desde hace varios días debido a la falta de pago de salarios. Según informaron los trabajadores, la firma viene demorando los sueldos desde hace meses, abonando una parte a principios de mes y el resto en la quincena siguiente. En el último período, los empleados percibieron entre un 20 y un 30 por ciento de su salario.
Entre las causas señaladas por los trabajadores se menciona una reducción en la cantidad de trabajo por la situación económica actual y problemas internos de la empresa, que es contratista de una telefónica. La firma, según los empleados, mantiene deudas con su personal, con el gremio en concepto de aportes sociales y con organismos impositivos provinciales y nacionales.
Un trabajador entrevistado indicó: “La empresa se llama JG Comunicaciones y es una empresa contratista. Es una empresa oriunda de Bahía Blanca que arrancó a mediados de 2019 acá en Rosario, pero que tiene larga data tanto en ciudad como en provincia de Buenos Aires. También tienen base en Corrientes, con operatividad en Resistencia (Chaco), pero la mayoría de sus bases se encuentran en el conurbano bonaerense”.
Los trabajadores detallaron que son 29 empleados en Rosario y que la firma cuenta con aproximadamente 350 personas a nivel nacional. “Nosotros hasta la semana pasada pensábamos que era un problema de acá de Rosario, que tenía que ver con que hay poco trabajo en general, ya que las instalaciones domiciliarias de internet y cable bajaron muchísimo debido a la crisis”, afirmaron.
Según la versión de los empleados, el problema es de alcance nacional y no solo responde a la merma en las instalaciones, sino a graves problemas de gestión vinculados a la familia del dueño, de apellido Groselli. “El propietario se apartó de la conducción de la empresa dejando a cargo a sus hijos y que desde ese momento comenzaron los problemas financieros y de gestión, mezclados con problemas personales intrafamiliares que no vienen al caso pero que derivan en incumplimiento de sus obligaciones como patrones que son”, expresaron.
La situación se agravó en los últimos tres meses. En el primer mes, la empresa pagó un 80 por ciento y prometió el restante 20 por ciento la semana siguiente, pero el pago se demoró dos semanas. Al mes siguiente, abonaron un 50 por ciento. “Todo esto casi siempre sin avisar, sin dar la cara, o mandando un mensaje de whatsapp el mismo día de cobro. Tal circunstancia nos llevó a realizar varias medidas de fuerza, asambleas, ceses de actividades y hasta una gran movilización de 400 compañeros por la peatonal Córdoba”, agregaron.
Como resultado de esas acciones, los trabajadores lograron cobrar la mitad de lo adeudado y la reincorporación de cuatro trabajadoras. Sin embargo, en el último mes la empresa pagó entre un 30 y un 40 por ciento del salario en la fecha habitual, y el segundo pago previsto para el 16 de junio no se concretó. “Desde entonces, medio como que se nos vino toda la estantería abajo”, graficaron.
Ante esta situación, los empleados realizaron un paro que se mantiene tras una asamblea. “Mientras tanto, estamos siempre en constante comunicación con el gremio (de televisión). Hemos tenido varias asambleas en la sede del gremio o en el club sindical”, señalaron. La empresa había informado que el pago se realizaría el viernes 19 de junio, pero no cumplió. “Nosotros este último mes cobramos con suerte un 30 por ciento del sueldo. Estamos hablando de que no alcanza ni para las deudas, imagínate la gente que alquila o los compañeros que tienen familia y no pudieron hacer frente a sus obligaciones más básicas. Todavía hoy no vimos un peso, estamos ya a casi fin de mes y no tenemos ni para cargarle nafta a los autos que la empresa nos propone poner a trabajar, pero que después no paga por los servicios prestados”, exclamaron.
Desde la puerta de la firma en calle Jujuy al 2700, donde improvisaron un acampe durante el horario laboral, los técnicos expresaron: “Lo que estamos defendiendo acá es lo que este gobierno supuestamente venía a reivindicar: a la familia y a la propiedad privada. Y no puede haber familia si no pagan los sueldos a tiempo, si uno no tiene para comprar la comida de sus hijos, pagar el alquiler, pagar la deuda con la tarjeta. No hay familia si las empresas les adeudan también a los gremios millones de pesos en contribuciones sociales como las obras sociales o los aportes jubilatorios”. Y cerraron: “Si tus hijos se enferman hay que estar pendientes de a qué sanatorio ir porque debido a las deudas por momentos se cortan las prestaciones y, al fin y al cabo, el dinero que utilizan los sindicatos para cubrir esos parches en materia de salud, que es evidentemente lo más urgente a cubrir, termina afectando en cosas como útiles escolares, hoteles, camping y otras cosas que están enfocadas justamente en el esparcimiento y bienestar de la familia. Pedimos que no se metan con la única propiedad privada que tenemos los laburantes de este país, que no son ni terrenos de miles de hectáreas ni casas lujosas, es nada más ni nada menos que nuestro sueldo”.