El aumento de la informalidad laboral en Rosario dificulta que trabajadores sin empleo formal, como choferes de aplicaciones o monotributistas, obtengan las garantías exigidas por inmobiliarias y propietarios para alquilar una vivienda.
La creciente informalidad laboral empezó a convertirse en un obstáculo para acceder a un alquiler en Rosario. Cada vez más personas trabajan como choferes de aplicaciones, repartidores, monotributistas o emprendedores y no cuentan con recibos de sueldo en relación de dependencia para presentar como garantía. La consecuencia es que les resulta más difícil conseguir los avales que siguen exigiendo buena parte de las inmobiliarias y propietarios.
Sábado a la tarde. Previa de un partido de Argentina por el Mundial. El escenario es una vinería. Una pareja de clientes comenta que estaba a punto de mudarse a un departamento en Echesortu que le había gustado, pero la operación se cayó porque uno de los recibos de sueldo presentados no fue aceptado. No tenía otro garante posible: entre familiares y amigos, nadie contaba con empleo formal. El problema se ha vuelto cotidiano.
Exigencias
El cambio en el mercado laboral ya tiene impacto sobre el acceso a la vivienda. Aunque el desempleo nacional bajó al 7,8 % en el primer trimestre del año, la informalidad trepó al 44,2 %. En Rosario, el desempleo alcanzó el 8,2 % y, aunque el Indec no publica el dato local desagregado, en el sector inmobiliario aseguran que el fenómeno también se refleja en la ciudad.
«Hay más informalidad laboral y eso hace que cada vez haya menos posibilidad de conseguir recibos de sueldo con ingresos 100 % blanqueados, lo que complica el acceso a un alquiler», explicó José Ellena, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir).
Según el dirigente, muchas operaciones ni siquiera llegan a concretarse porque los interesados no alcanzan a cumplir con las condiciones mínimas exigidas. Frente a ese escenario, las inmobiliarias comenzaron a flexibilizar algunos requisitos. «Si antes pedíamos tres recibos de sueldo, eventualmente pedimos dos. O no le damos tanta trascendencia a los ingresos declarados del solicitante. Uno va tratando de adaptarse a la situación», señaló.
Viejo problema
Para Ariel D’Orazio, subdirector general de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, las dificultades para conseguir garantías no son nuevas. Históricamente, afectaban a estudiantes que llegaban desde otras ciudades sin familiares o conocidos en Rosario. Pero ahora el problema se extendió a trabajadores que, aun teniendo ingresos, no cuentan con empleo formal.
«La plataformización o uberización del trabajo hace que muchas personas sean monotributistas y eso dificulta establecer con claridad cuál es su nivel de ingresos o de solvencia. Por eso, quien no consigue reunir los requisitos termina recurriendo a pensiones o al mercado informal de alquileres», explicó.
Durante la vigencia de la ley de alquileres, los propietarios debían aceptar distintas modalidades de garantía y no podían exigir varias al mismo tiempo: seguro de caución, aval bancario, garantías laborales, propietarias o demostrar ingresos suficientes. Con la derogación de esa norma, volvieron a aparecer requisitos acumulativos. «Hoy otra vez se pide una garantía propietaria más tres o cuatro recibos de sueldo, lo que hace cada vez más difícil reunir las condiciones para alquilar», sostuvo D’Orazio.
Seguros de caución
Durante los últimos años, las empresas de seguros de caución y garantías locativas aparecieron como la principal alternativa para quienes no conseguían un garante tradicional. Las tres principales en Rosario son Celsus, Alucerta y Locativa.
Sin embargo, la confianza en ese sistema empezó a deteriorarse. Según Ellena, una de las empresas del sector dejó de responder adecuadamente ante incumplimientos y terminó perdiendo credibilidad. «No está en crisis por el sistema ni por el contexto, sino porque incumplió y el mercado le dio la espalda», afirmó.
El dirigente aclaró que el resto de las firmas continúa operando normalmente, aunque con mayores recaudos. «Van a tener que elevar el scoring y reforzar los controles, pero esperamos que sigan funcionando», indicó.
No todos comparten esa visión. «Si no me traés recibos de sueldo, ya no acepto más este tipo de garantías, porque hemos tenido incumplimientos y se judicializaron los casos», resume en off un administrador de consorcios e inmobiliarias consultado por La Capital. «Antes uno asumía más riesgos, pero hoy, cuando aparecen problemas para cobrar o ejecutar una garantía, el propietario termina siendo mucho más estricto», agrega.
D’Orazio advirtió, además, que estos seguros tampoco resultan accesibles para todos. Muchas empresas exigen ingresos mínimos, recibos de sueldo o depósitos adicionales y, en algunos casos, las propias inmobiliarias orientan a los clientes hacia determinadas compañías, encareciendo el trámite pese a que existen alternativas equivalentes sin necesidad de sacar un seguro.
Más morosidad
El contexto económico también impacta sobre el cumplimiento de los contratos. «La morosidad ha subido a valores inquietantes. La media estaba alrededor del 5,5% y hoy, en algunos casos, se acerca al 8%», advirtió Ellena.
No obstante, aclaró que el comportamiento difiere según el tipo de inmueble. En el mercado residencial el nivel de cumplimiento supera el 92 % o 93 %, mientras que en los locales comerciales cae por debajo del 90 % y, en algunos casos, ronda el 88%. Es decir, un 12 % no llega a pagar el alquiler.
También existen diferencias en la ocupación. Mientras las viviendas tardan un poco más en alquilarse por el aumento de la oferta, la demanda continúa porque la necesidad habitacional se mantiene. En cambio, en los locales comerciales la vacancia crece con mayor fuerza. Cocir y la Universidad Nacional de Rosario presentarán en los próximos días un informe sobre esa evolución que, según Ellena, mostrará números «preocupantes».
Mercado restringido
Desde la Oficina Municipal también observan un deterioro en la situación de los inquilinos. Durante el primer semestre ingresaron 255 expedientes vinculados con dificultades económicas, frente a 224 del mismo período del año pasado, un aumento del 12 %. Las consultas específicamente relacionadas con problemas para pagar el alquiler pasaron de 20 a 40 casos, duplicándose en un año.
D’Orazio señaló que, además del endurecimiento de los requisitos, crecieron los depósitos en garantía y persiste un mercado informal de avales, donde personas ofrecen escrituras para respaldar contratos a cambio de dinero. Se trata de una práctica que tuvo fuerte presencia tras la crisis de 2001 y que ahora se volvió a ver especialmente en CABA y el Gran Buenos Aires.
El resultado es un mercado con menos herramientas para quienes trabajan fuera de la relación de dependencia. Tener ingresos ya no alcanza: para muchos, el principal obstáculo no es pagar el alquiler, sino conseguir las garantías necesarias para poder firmarlo.