Organizaciones de inquilinos, académicos y asociaciones civiles articulan acciones para impedir que la Cámara de Diputados apruebe el Capítulo II de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el procedimiento de desalojos en todo el país.
La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado, quedó sin varios de sus capítulos originales. El oficialismo retiró durante el debate las secciones referidas a la extranjerización de territorios estratégicos, al cambio de uso de suelo en áreas protegidas y a la eliminación del registro de barrios populares. Sin embargo, el Capítulo II, que modifica el procedimiento de desalojo de inmuebles rurales y urbanos, permanece en el texto y ahora será tratado por la Cámara de Diputados.
El Capítulo II introduce cambios al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y al Código Civil y Comercial. Según el texto, la acción de desalojo se sustanciará mediante el juicio sumarísimo, el procedimiento más rápido previsto en la legislación procesal. Esto reduce los plazos para contestar demandas, presentar pruebas y apelar. Además, se incorpora un nuevo artículo que establece una intimación previa de al menos 10 días corridos para reclamos por falta de pago en viviendas.
La organización Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, junto con el Observatorio de Tierras del Conicet y la Universidad de Buenos Aires, elaboraron un análisis del proyecto. Gervasio Muñoz, fundador de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, afirmó a este medio que continúan trabajando con el Observatorio de Tierras para oponerse al capítulo. «Estamos con la misma articulación que armamos para la primera movilización», declaró Muñoz.
El proyecto original, impulsado por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, perdió partes sustanciales durante el tránsito legislativo. Según Muñoz, la movilización social y el trabajo de investigadores contribuyeron a ese resultado. Sobre el tratamiento en Diputados, Muñoz sostuvo que lo deseable es que el Capítulo II no sea retirado del debate, sino que se vote en contra para que pierda estado parlamentario en 2026.
Entre los puntos centrales del capítulo, la guía elaborada por Inquilinos Agrupados señala: la universalización del juicio sumarísimo para todos los desalojos; la posibilidad de desalojo en 72 horas en casos de informalidad; la prohibición de prueba testimonial en litigios por falta de pago; la validez de notificaciones enviadas al domicilio real o correo electrónico consignado en el contrato; y la restitución obligatoria del inmueble con consignación judicial de llaves si el propietario se niega a recibirlas.