El diputado nacional Agustín Rossi presentó un proyecto de ley que suspende el Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001 y establece que cualquier transferencia de control de las cuatro fábricas militares deberá contar con autorización previa del Congreso.
El diputado nacional Agustín Rossi presentó un proyecto de ley para suspender el concurso impulsado por Fabricaciones Militares con el fin de incorporar operadores privados, nacionales o extranjeros, en las cuatro fábricas militares del país. La iniciativa establece que cualquier transferencia de control deberá contar con autorización previa del Congreso de la Nación.
El proyecto propone suspender el Concurso Público Nacional e Internacional N° CPU-2026-SC-001, convocado para seleccionar operadores privados que, mediante contratos de Unión Transitoria, asumirían la gestión, producción y comercialización de las líneas productivas de las fábricas militares de Fray Luis Beltrán (Santa Fe), Río Tercero y Villa María (Córdoba) y Azul (Buenos Aires).
Rossi advirtió que, de acuerdo con las condiciones del concurso, los operadores privados tendrían una participación mínima del 51%, mayoría en el órgano de conducción y la gestión de las operaciones, mientras que los contratos podrían extenderse hasta 35 años. Además, el Estado asumiría el compromiso de no producir, desarrollar ni comercializar por sí mismo productos idénticos o sustancialmente similares durante la vigencia del acuerdo.
“En los hechos, esto implicaría la transferencia material del control de las cuatro fábricas militares”, sostiene Rossi en los fundamentos del proyecto. El legislador recordó que el Congreso ya se pronunció sobre estas plantas: en 2015 derogó expresamente su declaración como sujetas a privatización y, en 2024, Fabricaciones Militares quedó fuera del listado de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases.
La iniciativa busca también preservar la capacidad productiva y los puestos de trabajo. Hasta que el Congreso se pronuncie, establece que el Estado deberá mantener las capacidades instaladas y no podrá disponer cierres, paralizaciones, desafectación de líneas productivas, enajenación de maquinaria estratégica o reducciones de personal técnico especializado que comprometan su funcionamiento. También garantiza la continuidad de las relaciones laborales y las condiciones de trabajo.
Asimismo, el proyecto encomienda a la Auditoría General de la Nación una auditoría integral del procedimiento y de la evolución productiva, patrimonial y de la dotación de Fabricaciones Militares desde enero de 2023. También dispone que el Poder Ejecutivo presente en un plazo de 180 días un plan de sostenimiento, modernización e inversión, con participación del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, los sindicatos y las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.
“El Poder Ejecutivo no puede obtener por vía administrativa lo que el Poder Legislativo le negó por ley en dos oportunidades”, señala Rossi. En ese sentido, la iniciativa establece que cualquier esquema de cooperación o asociación que implique transferir el control de estas fábricas deberá ser sometido al Congreso y contar con una ley especial que lo autorice.