Henley & Partners, firma especializada en migración por inversión, publicó detalles del programa el mismo día de su anuncio y mantuvo reuniones en Casa Rosada. El Gobierno afirma que la iniciativa surgió de un pedido de inversores en Sun Valley.
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador en Francia, Diego Santilli, anunciaron el programa de ciudadanía por inversión el viernes por la mañana desde la Embajada argentina en París. La oferta establece que un extranjero puede obtener la ciudadanía a cambio de US$350.000 o mediante la suscripción de un bono por US$800.000. «Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo», declaró Caputo durante el anuncio.
El mismo día, la firma británica Henley & Partners publicó en su sitio web los detalles del programa, junto con una declaración de su CEO, Juerg Steffen. «Valoro enormemente la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno argentino a través de una serie de talleres y conversaciones sobre el marco normativo en curso», sostuvo Steffen.
En su cuenta de Instagram, la empresa publicó ese viernes que estaba «lista para comenzar de inmediato el proceso de incorporación de interesados» y agregó: «Contáctenos ahora». El lunes siguiente, en un segundo posteo, Henley & Partners publicó una foto de Steffen y colaboradores en Casa Rosada y afirmó: «Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires. Estamos encantados de ver que nuestras consultas y aportes están dando frutos».
Henley & Partners se define como la mayor empresa del negocio de la «ciudadanía por inversión». En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el programa de venta de ciudadanía de Malta, que otorgaba libre circulación por Europa a cambio de US$640.000. Según informes citados por el Financial Times, un comité del Parlamento británico acusó a la firma de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves. La empresa negó esas acusaciones.
El pasaporte argentino permite el tránsito libre por 170 países. El programa argentino extiende el beneficio a la familia del solicitante a cambio de US$100.000 por persona, o US$25.000 si los hijos son menores de 18 años. Dominic Volek, director de Clientes Privados de Henley & Partners, afirmó que «Argentina agrega una nueva dimensión» al negocio.
El Poder Ejecutivo firmó el DNU 366 el 28 de mayo de 2025, que incorporó a la Ley 346 de Ciudadanía una nueva vía de naturalización por «inversión relevante», sin requisito de residencia previa, y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, dependiente del Ministerio de Economía. El 30 de julio de 2025, el Decreto 524/2025 reglamentó el procedimiento y fijó la intervención de la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper en la evaluación de los solicitantes.
En el registro de audiencias de Casa Rosada constan dos reuniones de ejecutivos de Henley & Partners con funcionarios. Steffen ingresó el 11 de junio de 2025 para reunirse con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el 14 de julio de 2025 con el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. La primera visita ocurrió dos semanas después del DNU 366 y la segunda dos semanas antes del Decreto 524/2025.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que la iniciativa es «toda de Caputo y de (Juan) Pazo». Pazo, ex CEO de las empresas de indumentaria Rapsodia y Caro Cuore, se desempeñó como secretario de Industria en 2024 y al frente de ARCA en 2025. Actualmente asesora a la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. En Economía niegan cualquier contacto con Henley & Partners, aunque un comunicado oficial admitió que «el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión».
Las diputadas Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, y Paula Penacca, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para derogar los artículos incorporados por el DNU y el Decreto 524/2025. «Acá vos decís le doy al fisco 350.000, dame el CBU, pasás esa plata y te dan el pasaporte. No tenés ni que venir a vivir acá, ni producir, ni generar un solo puesto de trabajo», declaró Carignano en un comunicado de prensa.
El constitucionalista Sebastián Guidi escribió en Perfil sobre «esta noción empobrecida de lo que significa ser argentino». Hasta el decreto 366/25 «había varios modos de obtener la nacionalidad: vivir dos años en la Argentina, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las fuerzas armadas, expandir la frontera… Milei eliminó casi todos estos modos de acceso a la ciudadanía y los remplazó por uno solo: haber realizado una inversión relevante en el país».
En 2022, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia revelaron, a partir de documentos internos de Henley, que la empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que luego fueron acusados o condenados por fraude. Entre los clientes mencionados se encuentran el iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, arrestado por lavado de dinero en Estados Unidos; el ruso Ruben Vardanyan, acusado de lavado; y el nigeriano OluwaSeun Ogunbambo, prófugo desde 2014. Una vocera de Henley & Partners respondió: «Todas esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas».
El programa maltés entró en crisis en 2017 tras el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, quien investigaba el otorgamiento de ciudadanías compradas. Christian Kälin, presidente de Henley & Partners, declaró al Financial Times que «Henley se convirtió en el rostro de la migración por inversión porque creó una industria alrededor de eso».