La fiscal María Laura Urquiza presentó evidencias que involucran a José Carlos Fossatti en el homicidio ocurrido en enero de 2016. El juez José Luis García Troiano dictó la prisión preventiva de los tres imputados.
La ciudad de San Justo registró el 25 de enero de 2016 el homicidio de Roque Zanutigh, un empresario de 70 años que fue encontrado sin vida en su domicilio de Belgrano al 2600. La autopsia determinó al menos nueve heridas de arma blanca en el cuello y lesiones defensivas en una mano y un antebrazo. Del lugar faltaban dos teléfonos celulares, un maletín con documentación y dinero, y una navaja.
La investigación permaneció sin resultados durante años hasta que una serie de intervenciones telefónicas y el testimonio del hermano del principal sospechoso permitieron reconstruir una hipótesis que ahora deberá probarse en juicio. La causa volvió a los tribunales de Santa Fe el miércoles 28 de octubre, durante una audiencia en la que la fiscal María Laura Urquiza, de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, expuso durante aproximadamente una hora el recorrido de la pesquisa ante el juez José Luis García Troiano.
El principal investigado es José Carlos Fossatti (48), quien permanece alojado en la cárcel federal de Coronda cumpliendo una condena por narcotráfico. También fueron imputadas su pareja, Eunice Viviana Bournissent (55), y su madre, Dora Dib Isahac (74), por una presunta estructura de comercialización de estupefacientes que funcionaba dentro y fuera del establecimiento penitenciario.
Los hechos iniciales
Zanutigh vivía solo en una casa de Belgrano al 2600, en pleno centro de la ciudad. Se recuperaba de un problema de salud y tenía dificultades motrices que le impedían salir sin su auto. La mujer que realizaba tareas de limpieza llegó aquel lunes de verano alrededor de las siete de la mañana y advirtió que la puerta del dormitorio de su patrón estaba entreabierta. Al comprobar que el automóvil seguía en la cochera y no obtener respuesta a sus llamados, avisó a la familia.
A las 8.30, dos de sus hijas llegaron acompañadas por amigos. Uno de ellos encontró el cuerpo envuelto en sábanas, en el espacio entre dos somieres. La hipótesis de un robo violento comenzó a delinearse desde el inicio.
Los investigadores reconstruyeron las últimas horas de la víctima: había viajado a Santa Fe durante el domingo, regresó a San Justo y cerca de las 21.30 compró empanadas en una rotisería. Una hora después mantuvo una conversación telefónica con una allegada que se extendió hasta aproximadamente las 22.30.
Las evidencias
Una cámara de seguridad del banco Macro, ubicado en las inmediaciones de Nicolás Figueredo y avenida Iriondo, a la vuelta de la casa de Zanutigh, registró un Volkswagen Gol gris plata con vidrios polarizados que pasó varias veces por la zona. La última aparición relevante fue alrededor de las 22.20.
Casi dos meses después, el 18 de marzo de 2016, José Carlos Fossatti fue detenido cuando escapaba por la ruta nacional 11 hacia Videla, tras cometer un asalto a mano armada contra un camionero. Conducía un vehículo de características similares al registrado por la cámara bancaria. Fossatti llevaba consigo un Samsung blanco que había sido sustraído de la casa de Zanutigh. La investigación también rastreó el Nokia. Un hombre de apellido Gómez declaró que se lo había comprado al sospechoso el 16 de febrero y que, durante esa misma transacción, le habían ofrecido el otro celular.
La fiscalía incorporó además informes de geolocalización telefónica. La línea utilizada por Fossatti impactó entre las 21 y la medianoche en antenas correspondientes a la zona de la vivienda de la víctima. Los registros mostraron también comunicaciones con su hermano Juan Pablo antes del crimen y un posterior desplazamiento hacia Videla.
Fossatti fue condenado a siete años y dos meses de prisión por el robo al camionero. Recuperó la libertad en 2022, pero volvió a ser detenido por una causa federal de transporte de estupefacientes, que derivó en una pena unificada de nueve años, con vencimiento previsto para agosto de 2027.
Las escuchas telefónicas
La investigación tomó un nuevo impulso a mediados de 2026, cuando Urquiza solicitó al fiscal Regional Jorge Nessier autorización para profundizar las medidas probatorias. El 31 de julio comenzaron las intervenciones de la línea fija de la cárcel de Coronda y de los teléfonos de Bournissent, Dib Isahac y su hermano Juan Pablo.
Durante semanas, las comunicaciones giraron principalmente alrededor de la presunta comercialización de cocaína y marihuana. Según la fiscalía, Fossatti impartía instrucciones desde el pabellón «H» de la cárcel federal, mientras las dos mujeres se ocupaban de tareas extramuros. Las escuchas también permitieron reconstruir transferencias de dinero y presuntos ingresos de drogas al penal.
El homicidio reapareció en las conversaciones cuando el Ministerio de Seguridad provincial relanzó, en septiembre, una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aportaran información sobre el asesinato. Urquiza viajó a San Justo y montó una conferencia de prensa frente a la vivienda donde había muerto Zanutigh.
El 15 de septiembre, Dora llamó a su hijo preocupada por la reactivación de la causa. Le dijo que la fiscal estaba nuevamente investigando y que había pruebas. En ese intercambio, Fossatti hizo referencia al Nokia y a la persona que lo había recibido, aludiendo a que ya estaba muerta. La fiscalía corroboró que Gómez había fallecido en 2020, ahorcado.
En otra conversación, el detenido cuestionó que pudieran demostrar su participación después de tantos años: “¿Cómo podés comprobar después de 10 años lo que hice?”, preguntó. También afirmó: “Yo hoy en día soy narcotraficante, no soy homicida ni pito duro”.
La declaración del hermano
El avance más significativo llegó con la declaración de Juan Pablo Fossatti, quien también había sido detenido en el marco de la investigación por drogas y tenencia de un arma. Según expuso Urquiza, el hombre reconoció que trasladó a su hermano hasta la casa de Zanutigh la noche del crimen.
Contó que José le había propuesto robarle a la víctima, pero que inicialmente se negó porque Roque los conocía. Luego, cuando regresó a buscarlo, su hermano le dijo que había cometido el robo. Al día siguiente, tras enterarse por las noticias de la muerte de Zanutigh, lo llamó para preguntarle si lo había matado. José lo negó y atribuyó el homicidio a otra persona. Su hermano le respondió: “Pero si le robaste anoche, ¿qué otra persona va a ser?”.
La declaración se convirtió en una pieza central de la hipótesis fiscal, que ahora cuenta con un relato sobre el traslado hasta el domicilio, además de los registros telefónicos, el vehículo y los celulares sustraídos.
La investigación por narcotráfico
Las mismas intervenciones telefónicas dieron origen a una investigación paralela. La fiscalía sostiene que Fossatti coordinaba la adquisición y distribución de cocaína y marihuana, mientras Bournissent y Dib Isahac se ocupaban de fraccionar y distribuir las sustancias. Parte de la droga ingresaba al establecimiento penitenciario y otra se destinaba a la venta al menudeo en San Justo.
Una conversación del 6 de octubre fue especialmente relevante. Según Urquiza, Fossatti indicó que trasladaran droga y dinero a la casa de su pareja y los escondieran en una caja con llave debajo de un sillón.
Al día siguiente se realizaron allanamientos en varios domicilios: Hipólito Yrigoyen al 2000 y al 2500, 25 de Mayo al 1700 y en la zona de Rivadavia y Juan Mantovani, en la ciudad de San Justo; y el pabellón H de la Cárcel Federal de Coronda. En la vivienda de Bournissent se encontró la caja mencionada, con 64 gramos de cocaína y una cantidad similar de marihuana en flores, además de papelillos. En el domicilio de la madre se secuestraron anotaciones y registros de transferencias de dinero.
La audiencia y la decisión judicial
Durante la audiencia, la defensa pública, representada por Virginia Segado y Raúl Sánchez Lecumberri, cuestionó distintos aspectos de la acusación. Segado sostuvo que las escuchas todavía no contaban con pericias de voz y reprochó la ausencia de cotejos de ADN por el crimen. También puso en discusión la franja horaria del homicidio y rechazó que estuviera acreditada la figura de criminis causa, que prevé prisión perpetua. Respecto de Fossatti, argumentó que ya estaba privado de la libertad y que no existían riesgos procesales que justificaran una nueva cautelar. Sobre las mujeres, pidió alternativas a la prisión preventiva, alegó que no tenían antecedentes conocidos y solicitó que se analizara su situación con perspectiva de género. Bournissent declaró que trabajaba en peluquería y en la elaboración y venta de comidas.
Sánchez Lecumberri cuestionó, además, la competencia provincial para investigar la comercialización agravada de estupefacientes y objetó el rol de organizador atribuido a Fossatti.
Urquiza respondió que las escuchas de tres meses no contenían referencias a la supuesta actividad gastronómica o de peluquería de Bournissent, sino conversaciones sobre drogas y su distribución. “Jamás hizo una pizza”, dijo la fiscal. Luego sostuvo que las mujeres habían tomado decisiones propias, aun cuando reconoció que el hombre les daba órdenes y las trataba de manera agresiva. El abogado querellante Néstor Oroño, representante de los hijos de Zanutigh, adhirió al planteo fiscal.
Al fundamentar su decisión, García Troiano consideró que las evidencias eran “altamente suficientes respecto del homicidio”. Valoró el vehículo registrado por las cámaras, la posesión del celular de la víctima y la aparición del segundo aparato en manos de una persona que identificó a Fossatti como vendedor. También ponderó las conversaciones telefónicas posteriores a la reactivación pública del caso y la preocupación expresada por la madre del sospechoso. Para el magistrado, los indicios contradecían la versión que Fossatti había ensayado en las escuchas.
El juez consideró acreditadas, en esta instancia, tanto la calificación de homicidio criminis causa como la comercialización agravada de estupefacientes, y entendió que existía coordinación entre los tres imputados. En cuanto a los riesgos procesales, advirtió la posibilidad de entorpecimiento probatorio debido a que todavía deben declarar personas del círculo íntimo de Fossatti, entre ellas su hermano y una expareja. Por ese motivo, consideró necesaria la prisión preventiva.
La decisión judicial no cierra la historia penal del caso. Después de diez años, la investigación consiguió reunir una hipótesis acusatoria respaldada por distintos elementos, pero la responsabilidad de los imputados deberá discutirse y probarse en juicio.