La norma, derivada de la reforma constitucional, establece el marco general de funcionamiento y organización de los gobiernos locales. Fue aprobada tras un debate en ambas cámaras.
La Legislatura de la provincia de Santa Fe dio sanción definitiva este jueves a la Ley Orgánica de Municipios, la primera norma derivada de la reforma constitucional de 2025. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados con 30 votos a favor, 17 en contra y ninguna abstención, y luego convalidado por el Senado tras la introducción de ajustes técnicos.
La ley define las competencias, la estructura institucional y el funcionamiento general de los municipios y comunas santafesinas. Entre sus puntos principales, establece que cualquier transferencia de competencias desde la provincia debe contar con acuerdo legislativo y garantizar los recursos necesarios. Además, fija la duración de los mandatos de intendentes y concejales en cuatro años, con posibilidad de una reelección consecutiva, y determina la cantidad de integrantes del cuerpo legislativo local según la población.
Durante el debate, el diputado socialista Joaquín Blanco, miembro informante, destacó que la ley «incentiva la participación política y garantiza la representación de las minorías», considerándola «infinitamente superior» al mensaje original del Ejecutivo. Sostuvo que el aspecto de la estructura institucional cuenta con «amplísimo consenso».
Por su parte, bloques opositores expresaron su desacuerdo. El diputado del peronismo, Marcos Corach, argumentó que se trata de una «autonomía de papel» y «sin recursos», mientras que Lucila De Ponti (Movimiento Evita) consideró que la norma es «vaga» y representa «otra oportunidad perdida». También hubo críticas desde el Frente Amplio por la Soberanía y Somos Vida, quienes votaron en contra por considerarla incompleta en la distribución de recursos o por imprimir una carga ideológica, respectivamente.
La ley asigna a los municipios funciones como el control y regulación de servicios públicos locales, la planificación territorial, el desarrollo de políticas ambientales y la promoción del desarrollo productivo.